Qué hay tras el paquete de reformas constitucionales de AMLO

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le quedan ocho meses antes de entregar el poder. Como la Constitución de México prohíbe la reelección, esta es normalmente la fase en la que los mandatarios preparan su salida. Dejan así la tribuna al candidato de su partido, en este caso Claudia Sheinbaum, la exalcaldesa de la capital y aspirante presidencial única de la coalición encabezada por partido gobernante Morena. Pero López Obrador no lo hace así. 

Un popurrí de ideas

Esta semana, el gobernante presentó un voluminoso paquete de 20 reformas constitucionales, con las que retoma algunas ideas que ya fracasaron en el Congreso, donde la oposición tiene suficientes escaños para bloquear cambios constitucionales. Hay también iniciativas votadas por mayoría simple y luego declaradas anticonstitucionales por la Corte Suprema, como la reforma eléctrica o la transferencia del control militar de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A eso se añaden propuestas sociales, como entregar becas a los estudiantes en todos los niveles o dar atención médica gratuita a toda la población mexicana. Otras reformas proponen prohibir el maíz genéticamente modificado (GMO), la minería a cielo abierto y la tecnología de fractura hidráulica o "fracking", para la explotación de hidrocarburos en rocas de esquisto.

Propone además "respetar las zonas con escasez de agua y permitir únicamente el uso doméstico" y prohibir el consumo del opiáceo sintético fentanilo y vapeadores.

Soñar con el viejo régimen en tiempos electorales

"Se trata de una estrategia electoral”, comenta a DW Rubén Aguilar, académico y consultor político. "El presidente, con esta iniciativa, se mete al proceso electoral en un momento que las leyes prohíben a los candidatos de hacer campaña."

Para Aguilar, sociólogo y exportavoz del presidente conservador Vicente Fox (2000-2006), muchas ideas tienen un carácter "antidemocrático, conservador y reaccionario”. "Pretenden restablecer el viejo régimen del partido hegemónico que ha gobernado a México durante 70 años hasta el año 2000", opina.

Aguilar se refiere sobre todo a las reformas del poder judicial, uno de los contrapesos importantes en este sexenio.

López Obrador propone bajar el número de magistrados de la Corte Suprema con quienes ha estado en choque permanente, y elegirlos por voto popular. Otra reforma propone eliminar todos los organismos autónomos, denostados por el presidente como onerosos, elitistas y creados durante el periodo neoliberal con el propósito de defender intereses políticos".

Entre esos organismos, dedicados a garantizar la equidad de las elecciones, fiscalizar el poder y defender los ciudadanos contra abusos, se encuentra el órgano electoral INE o el Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de a Datos (Inai). Aguilar ve pocas posibilidades que las reformas prosperen por la correlación de las fuerzas en el Congreso, donde Morena no tiene la mayoría calificada de dos tercios necesaria para cambiar la Constitución.

Una trampa para la oposición

Para la periodista especializada en temas legislativos Ivonne Melgar, existe la posibilidad de que algunas de las reformas pasen, justamente por la coyuntura electoral. "La narrativa del presidente del ‘yo estoy con el pueblo y en contra de los privilegios' es muy poderosa y pone entre la espada y la pared a la oposición."

Melgar, que es corresponsal parlamentaria del conglomerado mediático Imagen, ha observado que, en los pasillos del Congreso, los diputados de Morena y aliados hablan de "una trampa": Si la oposición se niega rotundamente, López Obrador los puede exhibir como defensores de los privilegios de la élite.

Si le conceden un par de reformas, el presidente consigue una victoria en el cierre de su mandato. "Van a estar muy entretenidos los diputados, pero creo que hay una oposición muy articulada, que no va a quedar subsumida al discurso presidencial", apunta la periodista. 

Preocupación por las finanzas públicas

Melgar ve posible que pase, por ejemplo, la reforma sobre el salario mínimo, que prohíbe que su ajuste anual sea menor a la inflación. O incluso la propuesta que pretende revertir las reformas a pensiones de 1997 y de 2008 para poder jubilarse con el 100 por ciento de su salario hasta por un monto de 16,777 pesos (unos 914 euros).

"Esta reforma no beneficia a toda la población, como el presidente quiere hacer ver", dice la comunicóloga. "Solo a una ínfima parte de trabajadores formales, en total es un 15 por ciento de la población laboral."

Aun así, hace sonar las alarmas de los expertos económicos y financieros. El Banco Itaú advierte en un informe que las reformas aumentarían la presión sobre las finanzas públicas. El Instituto Mexicano para la Competitividad alerta que ocho de las 20 iniciativas ponen en riesgo la competitividad. El IMCO descubrió violaciones a las obligaciones pactadas en el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica (T-MEC). Observa un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas, critica incentivos para la informalidad laboral y retrocesos en materia de transparencia.

Legado envenenado

Más allá de la factibilidad de las propuestas, los expertos coinciden que López Obrador está dejando un legado a Sheinbaum, quien, según las encuestas, tiene entre 20 y 25 puntos de ventaja y altas probabilidades de sucederlo.

"Está dictando la agenda a la candidata oficial, le pone una camisa de fuerza y contradice lo que ella dice en privado a inversionistas, que ella  no será tan radical como López Obrador", dice Melgar. "Si la oposición sabe capitalizar esa imposición, la que está en mayores problemas no es la oposición, sino la propia candidata oficialista", subraya.

Aguilar añade, por su parte: "Sin duda, la propuesta es el testamento político del presidente". "Vuelve a poner a la candidata Sheinbaum su proyecto que nunca pudo sacar adelante por inviable", puntualiza. 

(ms)