Búsqueda de Desaparecidos: esfuerzo por encontrar respuestas

Ricardo Troncoso fue detenido por agentes de la dictadura el 15 de agosto de 1974 en un departamento en Santiago de Chile junto a otras cinco personas, entre ellas, un niño de cinco meses que fue devuelto a familiares. El resto fue llevado a un recinto de detención en el centro de la capital. Tenía 26 años, era profesor de Biología y militaba en un movimiento de izquierda.

Su hermana Myrna lo busca desde entonces: "Mis padres y todos mis hermanos ya fallecieron, solo quedo yo. Di casi 50 años de mi vida en la búsqueda y no supe nada. Hoy tengo 80. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté?”, reflexiona, en diálogo con DW.

El anuncio del presidente Gabriel Boric de la creación de un Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, cuando se cumplen 50 años del golpe militar, despierta esperanzas. Se trata de un "instrumento de política pública que avanza en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura civil militar en Chile, esto es, detenidos desaparecidos y ejecutados políticos cuyos cuerpos no han sido encontrados”, detalla la propuesta del gobierno. 

El objetivo es organizar e integrar todos los esfuerzos desplegados, sumar y cruzar informaciones de las comisiones de verdad y de procesos judiciales, más nuevas informaciones que se puedan generar, para avanzar en verdad y justicia, y en cumplimiento de obligaciones internacionales. 

"Ha pasado mucho tiempo, va a ser difícil, el éxito es improbable. Pero tenemos el deber moral de no dejar jamás de buscar a quienes faltan”, señaló Boric al anunciar el plan en el Memorial Fosa de Pisagua, en el norte de Chile.

La Coordinación Nacional de Organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos del país valoró esta "oportunidad de realizar un esfuerzo serio de parte del Estado”, pero pidió tener mayor participación durante todo el proceso. Este incluirá una etapa de escucha y diálogo con víctimas y familiares, expertos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil, la adquisición de compromisos y la redacción del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) con acciones precisas, como política permanente del Estado.

Myrna Troncoso es presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca y, junto a las demás organizaciones regionales, recomendaron además definir un rol activo de las Fuerzas Armadas y del Servicio Médico Legal. Dice que fueron bien acogidas por el ministro de Justicia, Luis Cordero. "Lo que se encuentre o lo que se sepa, todo vale para nosotros”, indica.

Entre expectativas y respuestas

A lo largo de tiempo, el Estado ha avanzado en comisiones de verdad e investigaciones judiciales. Según datos del Ministerio de Justicia, del total de 1.469 víctimas de desaparición forzada, solo han sido identificadas 307. Hay más de mil familias en espera de conocer el destino de su ser querido y ojalá encontrar restos a los que dar sepultura y vivenciar ese duelo.

Myrna Troncoso reconoce sentimientos encontrados: "Uno piensa: por fin un presidente sensible con el tema. Agradecemos y nos alegramos como si esto fuera algo que está a la vuelta de la esquina... Y después una misma recapacita y se da cuenta de que es difícil a estas alturas, qué podemos encontrar. Hay que ser realista”, reflexiona. 

En opinión de la psicóloga Elizabeth Lira, académica de la Universidad Alberto Hurtado y Premio Nacional de Ciencias Sociales, es importante que el Estado haga un gran esfuerzo. "Es una vergüenza que todavía no le pueda dar una respuesta a cada una de las familias sobre lo que ocurrió con su familiar. Sobre todo, cuando la responsabilidad de la desaparición probada en la mayoría de los casos corresponde a agentes del estado. El Estado chileno tiene una deuda pendiente de respuesta con esos familiares”, dice a DW la investigadora en temas de derechos humanos y memoria.

La mera identificación del número de víctimas no necesariamente aclara lo que ocurrió con ellas. "Respuesta significa poder informar cuáles son los esfuerzos que ha hecho el Estado para dar con el paradero de su familiar o conocer cuál fue su destino final. Con el paso del tiempo, es poco probable dar una respuesta completa que permita al familiar sepultar los restos o cerrar el proceso de duelo. Búsqueda no significa necesariamente encontrar”, afirma.

Desafiar una historia de frustraciones

En medio de las tareas de búsqueda desde el retorno a la democracia, también ha habido errores y problemas graves. "En 2006 se reconoció que en alrededor de cincuenta casos los restos habían sido entregado erróneamente. Esto muestra los déficits tecnológicos del Servicio Médico Legal y, en el fondo, los déficits políticos, porque nunca se hizo una inversión relevante, excepto a partir de esta situación, donde la mayor parte de los restos fueron enviados a laboratorios internacionales para garantizar que se haría correctamente”, consigna Lira.

Recientemente, en este servicio forense se encontraron 89 cajas con restos óseos de presuntos desaparecidos que habían quedado guardados sin ser identificados, 20 años en el olvido. Estos casos dañan la credibilidad del estado y añaden un dolor adicional a las familias, que no cesan en la búsqueda.

"Yo creo que las expectativas han sido siempre todas. Toda la que una familia se puede poner como horizonte”, subraya Lira. "Por cierto que toda la historia de estos 50 años ha sido muy frustrante porque los resultados han sido precarios, o porque si se informa que el familiar fue lanzado al mar, como apareció en la lista entregada por las Fuerzas Armadas en 2001, por una parte la familia acepta esto como definitivo, pero hay una parte que dice 'no, y si se equivocaron de persona', como ha ocurrido también”.

El desafío de este PNB es despejar incertidumbres y aportar certezas, avanzar con nuevos recursos y tecnologías para un trabajo eficiente y que se haga cargo de los errores cometidos. "Esto sincera la situación en que hemos vivido, como si esas mujeres no fueran viudas y esos niños no fueran huérfanos. El paso de los años ya ha demostrado que las personas están muertas, que no es posible incluso en muchos casos recuperar los restos, pero el estado debe reconocer esa situación y resolver social, política, ética y jurídicamente, o sea, asumir lo que ocurrió para que las familias puedan cesar en la búsqueda”. 

(cp)