Nuevo capítulo en relaciones entre Uruguay y Argentina

La Haya dictaminó que la fábrica de celulosa (pastera) Botnia de Uruguay no contaminó el medioambiente, como argumenta Argentina. También dijo que Uruguay incumplió con el tratado binacional al no consultar a Argentina al comienzo de obras.

Según el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CJI), no hay una relación clara entre la presencia de sustancias contaminantes en las aguas del Río Uruguay y la actividad de la pastera finlandesa Botnia, que pasó a llamarse UPM. El fallo fue dado a conocer en francés por el presidente del Tribunal, el eslovaco Peter Tomka.

La Corte no ha encontrado indicios suficientes que confirmen que Uruguay haya violado la protección del medioambiente. De acuerdo con el veredicto, Uruguay ha actuado con celeridad para proteger fauna y flora y no ha incumplido sus obligaciones con respecto al Art. 41, que regla el uso, las actividades y la conservación del Río Uruguay. Sin embargo, la Corte insta al Gobierno de Montevideo a extremar la vigilancia para proteger el ecosistema.

Además, la CJI determinó que Uruguay "no respetó" el tratado binacional con Argentina (de 1975) al no informar "previamente" a Buenos Aires que había concedido el permiso de instalación a las plantas de procesamiento de celulosa ENCE, de España, y Botnia, de Finlandia. Finalmente, ENCE renunció a instalar la planta.

La controversia data de 2003, cuando la empresa finlandesa Botnia se decidió a construir una de las plantas de celulosa más grandes del mundo a orillas del Río Uruguay, frontera natural entre ambos países. En 2005 se comenzó con la construcción, luego de que el Gobierno de Tabaré Vázquez diera luz verde al proyecto, cuyo costo total fue de 1.200 millones de dólares. La planta tiene una capacidad de producción de 1,1 millones de toneladas de celulosa blanqueada al año y le da empleo a 7.000 personas y a unas 64 empresas subcontratadas.

El litigio tuvo repercusiones políticas causando fuertes divergencias entre los entonces presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez. También se tradujo en masivas protestas populares en Argentina contra la contaminación del Río Uruguay, en forma de cortes de ruta en las vías de paso entre Argentina y Uruguay. (Lea en la página 2 por qué el fallo de La Haya no es sorpresivo).

“Fallo salomónico”

La Corte Internacional reconoció el incumplimiento por parte de Uruguay del Tratado del Río Uruguay al no notificar a Argentina la construcción de la pastera a través de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), obligación prevista en el segundo y tercer punto del artículo siete del estatuto de 1975. El Tratado del Río Uruguay prevé que ambos países administren conjuntamente el río limítrofe y los obliga a consultar e informarse mutuamente en lo que respecta a proyectos como el de la pastera. Pero, al no poder demostrar Argentina que la pastera contamina el ecosistema, no hay motivo para el cese de actividades de Botnia.

En otro aspecto, el de los malos olores y la contaminación sonora, la Corte determinó que “ningún artículo del artículo de 1975 aborda los malos olores que alega la Argentina. Por estas razones, la demanda relativa a los malos olores y a su impacto sobre el turismo argentino no es de competencia de esta Corte".

“El veredicto no sorprende”

Vicente Palermo, politólogo y autor de “Del otro lado del río. Ambientalismo y política entre uruguayos y argentinos” (Edhasa, 2007), piensa que el fallo de La Haya “crea una oportunidad, pero hay que aprovecharla bien. Probablemente destrabe el conflicto, que estaba excesivamente trabado porque el Gobierno argentino se cruzó de brazos en cuanto al bloqueo de los accesos internacionales. Había malas perspectivas en cuanto a un desarrollo adecuado de las potencialidades productivas de la región. Ahora hay una oportunidad favorable para avanzar en la resolución del conflicto”, explica el experto.

De acuerdo con Vicente Palermo, la decisión de Argentina de recurrir a La Haya fue poco oportuna: “Ninguno de los aspectos del fallo es sorprendente. Uruguay sí incurrió en una especie de abuso de confianza al no informar a Argentina. Pero agregaría que lo hizo con una cierta disposición argentina en ese momento. Argentina más tarde cambió totalmente de postura, mientras en la primera fase trataba de atenerse a la intención de Uruguay. Pero esas son sutilezas que tienen que ver con la política y no con la aplicación del derecho y de los tratados.”

El politólogo cree que hay dos aspectos que constituyeron el conflicto. Por una parte, la preocupación de los habitantes de la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre Ríos, en el límite con Uruguay, que fueron mal informados por grupos medioambientalistas y se hicieron eco de un diagnóstico catastrofista. Por otra parte, “el conflicto pasó de local a nacional de la peor forma posible, porque el Gobierno argentino lo recoge sin modificarlo, no de un modo responsable, para buscar una solución, sino que se hizo cargo del diagnóstico catastrofista y de los objetivos de los vecinos, y avaló la metodología de cortar las rutas internacionales.”

Este último aspecto es el más preocupante, según Palermo, ya que no había razón para que esa demanda fuera convertida en un conflicto nacional. “En parte, el Gobierno argentino explotó un problema de política exterior con finalidades domésticas”, afirma el autor.

“El fallo insta a las partes a cooperar y a no tomar decisiones unilaterales. Habrá que imaginar mecanismos, que tendrían que surgir de ambos países, para que eso sea posible”, apunta Vicente Palermo. Según él, la disputa no tuvo impacto directo en el Mercosur, ya que ninguna de las partes buscó perjudicar a la otra en la comunidad de países.

Se prevén encuentros diplomáticos

Con respecto al dictamen de la Corte Internacional de La Haya, el director de la Fundación Friedrich-Ebert en Montevideo, Andreas Wille, opina que: “se esperaba ese resultado. Se puede decir que es un dictamen salomónico. Por un lado, pone de manifiesto una clara crítica a Uruguay, que autorizó la construcción de la planta de celulosa sin cumplir con la obligación de informar a la CARU”.

Según Andreas Wille, el veredicto tendrá gran influencia sobre las relaciones diplomáticas, pero lo más importante es cómo influirá en el proceso político que tiene lugar entre Argentina y Uruguay: “El fallo se esperaba con impaciencia porque ahora podrá comenzar un nuevo capítulo en las relaciones de ambos países. Y también se podrá transmitir a la población que el litigio ha terminado, y que ahora se tomarán nuevos caminos”, subraya el director de la Fundación Friedrich-Ebert.

En cuanto a cómo podrían utilizar Argentina y Uruguay este fallo en beneficio de los vínculos políticos, Andreas opina que tanto José Mujica como Cristina Fernández de Kirchner están dispuestos a zanjar las dificultades existentes. “La próxima semana se producirá un encuentro entre ambos mandatarios, con una disculpa por parte de Uruguay por no haber respetado el tratado, como gesto diplomático. También es probable que se establezca una comisión observadora conjunta del Río Uruguay. En cuanto a las cuestiones medioambientales, se espera que ambos países se comprometan a vigilar la posible contaminación de las aguas. Está claro que no se accederá a la demanda de los grupos ecologistas argentinos para que se traslade Botnia.”

Andreas Wille cree que Uruguay no exigirá recompensas económicas a Argentina por las pérdidas producidas por los cortes de ruta. “En Uruguay existe la voluntad de cerrar este capítulo”, concluye.

Autora: Cristina Papaleo

Editor: Pablo Kummetz