Las desapariciones persisten en El Salvador

El Salvador conmemoró recientemente 28 años de la firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin a una guerra que dejó miles de muertos y desaparecidos. A casi tres décadas, instituciones gubernamentales continúan registrando desapariciones de personas -mayoritariamente jóvenes y pobres- que luego aparecen asesinadas o, en ocasiones, víctimas de esclavitud.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, dice que los índices de desapariciones han bajado gracias a los esfuerzos de la institución que lidera y que "la mayoría de desaparecidos aparece con vida”.

Por su parte, el presidente Nayib Bukele cita cifras de la Fiscalía General de la República (FGR) y asegura que el total de personas reportadas como desaparecidas ha disminuido en 45 por ciento.

Organizaciones de la sociedad civil reconocen tal disminución pero cuestionan que –para ciertos sectores de la sociedad salvadoreña- las desapariciones continúan con la misma intensidad que durante la guerra.

La coordinadora del Programa por una Vida sin Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Silvia Juárez, dijo a DW que "en tiempos de paz, las desapariciones no deberían existir” y aseguró que "en el caso de las mujeres, no hay paz. Las condiciones de sometimiento, de tortura, de desaparición siguen estando presentes. Desaparecer personas y que aparezcan muertas era una realidad que se vivía durante el conflicto y es una realidad que se sigue viviendo ahora”.

"La explicación que le damos a esto es que el pasado no está desvinculado del presente porque la justicia transicional y las reparaciones no fueron realizadas. El Salvador se saltó ese período de la posguerra, ese proceso en el que se espera acabar con la impunidad, asegurar la reparación, todo eso no lo hizo El Salvador. Entonces, el mensaje fue que se puede desaparecer porque nadie va a pagar por ello”, agregó Juárez.

Por su parte, el subdirector técnico de la organización Cristosal, Armando de Paz, declaró a DW que "en El Salvador, siempre hay temor de decir ‘aquí hay un problema y tiene esta magnitud', pero, para resolverlo, lo primero es reconocerlo. Hay que decir: ‘tenemos un problema estadístico, de investigación, de protección a las víctimas' que son tanto las personas desaparecidas, como los familiares, y el paso siguiente es resolverlo. Eso cuesta mucho admitirlo. Me parece una visión políticamente cerrada estar negando problemas que existen, que están a la luz del día y que todos vemos”.

La búsqueda se centra en los hombres

Según información del Observatorio de Violencia de ORMUSA -que es alimentado con datos del Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador- entre enero y noviembre de 2019 hubo un total de 593 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 506 fueron hombres y 87 mujeres. "En el caso de los hombres, hay un mayor número de jóvenes, y en el caso de las mujeres son niñas y adolescentes de 12 a 19 años de edad”, explicó Juárez.

La especialista denuncia que cuando se reporta una desaparición masculina, la PNC analiza la posibilidad de que el hombre haya sido víctima del crimen organizado, pero cuando se reporta la desaparición de una mujer, la investigación se retrasa por prejuicios ya que se especula que "si ella se fue con su pareja, si tenía algún novio, si se peleó con la familia. Esa teoría se mantiene para las niñas y adolescentes”, lo que implica que "la búsqueda claramente se ve sesgada ya que encontrarlas no es algo que urge”, con lo que "el índice de mujeres asesinadas que estuvieron previamente desaparecidas podría ser mucho más alto”.

La ley que hizo bajar las estadísticas

Juárez asegura que "El Salvador tiene una condición bastante sui generis. En 2017, se aprobó una nueva Ley sobre la Trata de Personas. Lo interesante es que en la mayoría de los países del mundo donde se mejora la categorización de un delito para su persecución, al aprobarse la ley, aumentan las denuncias. En el Salvador fue lo contrario. Cuando se aprobó la ley, se pasó de reportar más de 100 casos al año, a solo seis casos. Eso nos llama mucho la atención y no creemos que fue porque el fenómeno disminuyó, o porque la ley fue disuasiva, sino porque hubo mecanismos que se activaron para encubrir este hecho”.

La analista asegura que "a pesar de la historia de desapariciones, El Salvador nunca generó una estructura institucional" para abordarlas, lo que deja a las familias sin una ruta para presentar sus denuncias. Lo que sí tiene El Salvador es que, desde octubre de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la inclusión en el Código Penal del delito de la desaparición forzada. Luego, se ha reportado una disminución de personas desaparecidas.

"Uno, cuando vive en estos países, normaliza lo inverosímil, la violencia. El nivel de violencia se asume y se normaliza, es parte de esa cultura violenta hacia las víctimas. Sí impacta que haya tantas muertes diarias, pero no impacta que suceda en el país. Ahí es donde está esa normalización que es dañina y hay cierta resignación en general de la sociedad. No obstante, el Estado -más allá de la visión que tenga la sociedad- tiene la obligación de cumplir con los estándares jurídicos internacionales para proteger los derechos de las personas y, en el caso de las desapariciones, una de las cosas que ayudaría es establecer mecanismos más concretos para homogenizar todos estos datos de personas desparecidas y de homicidios”, concluye de Paz.

(Ni la PNC  y de la FGR respondieron a consultas al respecto)

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