Mientras el mundo libre conmemoraba este 10 de diciembre los 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, este aniversario sirve en Venezuela como ocasión para poner de manifiesto una vez más la amplia brecha que existe entre los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos y la dura realidad que día a día viven los venezolanos en esta materia.
Esta discrepancia se refleja de manera palpable en la evolución del Índice Global de Estado de Derecho, elaborado por "The World Justice Project" (WJP). Este índice, desde su introducción en 2015, ha evidenciado de manera consistente el debilitamiento progresivo del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
A lo largo de los últimos ocho años, el país no solo ha ocupado de manera permanente la última posición en la clasificación mundial del Índice del WJP, sino que también ha experimentado una caída sostenida de este índice, pasando de 0,32 en 2015 a 0,26 en 2023. Esta tendencia descendente es una clara evidencia de que la situación de los derechos humanos ha continuado deteriorándose en Venezuela.
Las preocupantes valoraciones del índice de WJP se entrelazan con los informes de múltiples oenegés defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, así como de organismos multilaterales, que han venido documentando -de forma reiterada y desde hace más una década- las violaciones sistemáticas de los derechos humanos fundamentales de los venezolanos por parte del régimen chavista.
Estas violaciones han alcanzado una gravedad tal, que la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación, en el año 2018, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, a pesar de la investigación penal de la CPI y de la observación ejercida por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la persecución a la disidencia política y las violaciones graves a los derechos humanos persisten.
Falsa narrativa chavista sobre mejoría en derechos humanos
Esta lamentable realidad acaba de ser expuesta nuevamente ante la comunidad internacional por más de sesenta organizaciones no gubernamentales de Venezuela. En una misiva fechada este 12 de diciembre y dirigida al secretario general de la ONU, denunciaron que "el Estado venezolano está en mora con el sistema de Naciones Unidas y con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Suma más de tres mil recomendaciones, en su gran mayoría sin implementar, de mecanismos de protección, comités de tratado, el examen periódico universal, entre otras".
Además, a las organizaciones no gubernamentales venezolanas les preocupa sobremanera el hecho de que, en los foros intergubernamentales, pareciera estar arraigando la percepción de que existe una mejora en la situación institucional, humanitaria y de derechos en Venezuela.
"Esta falsa narrativa", advierten los firmantes de la carta, "invisibiliza el sufrimiento de los millones de venezolanas y venezolanos que atraviesan una Emergencia Humanitaria Compleja, así como de aquellos que forman parte de la crisis de movilidad humana más numerosa del hemisferio".
Reciclaje de presos políticos: excarcelados, no liberados
Esta narrativa engañosa sobre los derechos humanos es impulsada por el régimen de Nicolás Maduro a través de diversas estrategias, muchas de las cuales las ha adquirido de otros regímenes dictatoriales con vasta experiencia en ese campo, como es el caso del sistema cubano. Entre estas tácticas de manipulación, destaca una particularmente perversa conocida como la "puerta giratoria", término acuñado por el abogado venezolano Alfredo Romero, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la organización no gubernamental Foro Penal.
La estrategia de la puerta giratoria tiene como objetivo evitar que la comunidad internacional perciba a lo largo del tiempo un constante aumento en el número total de presos políticos en un determinado país. Durante el Foro "Puerta giratoria", realizado el pasado 7 de noviembre en el "Interamerican Institute for Democracy", Alfredo Romero, señaló:
"Si ustedes me preguntan hoy cuantos presos políticos hay hoy en día en Venezuela, yo les respondería que en estos momentos hay 271 presos políticos... Sin embargo, cuando analizamos detenidamente las cifras de personas que han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela desde el año 2014, observamos que son aproximadamente 16.000, y ese es el número real, porque el Gobierno lo que hace es que al mismo tiempo que encarcela personas, libera otras a los efectos de no crear la percepción, sobre todo a nivel internacional, de que hay un número muy alto de presos políticos en el país".
Es importante resaltar que muchos de los presos políticos que son liberados continúan sujetos a condiciones restrictivas de libertad y vigilancia constante, lo que indica que más que experimentar una liberación real, en realidad estas personas solo son excarceladas.
Presos políticos usados como rehenes
Se hace también necesario destacar que, en muchas de estas liberaciones, los presos políticos son utilizados como moneda de cambio por las dictaduras, que buscan obtener concesiones o beneficios por parte de la comunidad internacional o de la oposición política en el país.
Regis Iglesia, un disidente cubano que fue excarcelado y desterrado a España por el régimen castrista en 2010, tras pasar siete años en las cárceles cubanas por ser portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, ofrece una perspectiva sobre esta práctica en Cuba:
"Es esencial comprender que estos regímenes no siguen únicamente la lógica política del poder, sino que ellos actúan como delincuentes. Estos regímenes dictatoriales utilizan a los presos políticos como rehenes, como piezas de intercambio o negociación con la comunidad internacional. En mi caso, por ejemplo, yo fui liberado gracias a la mediación de la Iglesia católica cubana, pero la razón subyacente del régimen de (Raúl) Castro para mi liberación no fue la justicia, sino su interés en mejorar, en ese momento, su imagen ante la Unión Europea".
Un reciente ejemplo en Venezuela de esta perversa práctica se manifestó en las negociaciones para los acuerdos Barbados-Qatar, donde los representantes de Nicolás Maduro usaron una vez más a los presos políticos como fichas de negociación. El régimen chavista condicionó la liberación de los presos políticos venezolanos y estadounidenses injustamente detenidos y torturados en las cárceles venezolanas a la eliminación de las sanciones internacionales que pesaban sobre Venezuela.
Aunque esta especie de pago de rescate se aceptó dentro de los acuerdos, el régimen de Maduro solo ha cumplido, hasta la fecha, con la excarcelación de cinco de los 275 presos políticos, lo cual ha generado fuertes críticas por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos, de líderes de la oposición democrática y de los Gobiernos de EE. UU. y de la UE.
Mayor represión en períodos preelectorales y electorales
Lejos de avanzar con la liberación de los presos políticos y empeorando aún más la situación, el régimen de Maduro volvió a activar la "puerta giratoria" de las cárceles políticas al emitir, el pasado 6 de diciembre, órdenes de captura por los delitos de conspiración y traición a la patria contra varios disidentes políticos.
Entre los afectados que en esa fecha permanecían en Venezuela se encuentran Roberto Abdul, presidente de la ONG electoral Súmate, y los dirigentes políticos Henry Álvarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, militantes de la organización Vente Venezuela (VV), partido fundado por María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición democrática.
En la actualidad, Roberto Abdul se encuentra incomunicado presuntamente en alguna de las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), mientras que los activistas de Vente se encuentran resguardados en la embajada de un país europeo en Venezuela.
Los estudios e informes demuestran, de manera concluyente, que la represión y persecución por parte del régimen venezolano aumentan considerablemente durante los períodos preelectorales y electorales. Por tanto, es esencial que la comunidad internacional, especialmente los organismos multilaterales defensores de los derechos humanos, no se dejen engañar por las artimañas de la "puerta giratoria" carcelaria que utiliza el régimen.
En este momento crítico, tal como lo solicitan las oenegés venezolanas al Secretario General de la ONU, es crucial que vigilen la protección del espacio cívico venezolano, monitoreen de manera constante la situación de las libertades democráticas y los derechos humanos en el contexto electoral, y se pronuncien de manera oportuna.
(rml)