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El Salvador rechaza extraditar exmilitares a España

18 de agosto de 2016

Los autores de la masacre de jesuitas en 1989 deberán ser juzgados en el país, una vez derogada la ley de amnistía.

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Jahrestag Mord an sechs spanischen Jesuiten-Priestern 1989
Imagen: Getty Images/AFP/J. Cabezas

La justicia salvadoreña negó por segunda vez la extradición de uno de los implicados en la masacre de 5 jesuitas españoles en 1989, cuando todo apunta a que otros 3 correrán la misma suerte, según explicó hoy un magistrado del Supremo la agencia española de noticias Efe. "Hubo unanimidad" de los 15 magistrados en una reunión de Corte Plena celebrada "ayer (martes), en la decisión" de no extraditar a España al coronel Guillermo Benavides, quien ahora deberá completar una pena de 30 años de prisión que había quedado suspendida, aseveró Leonardo Ramírez Murcia de la Sala de lo Penal del Supremo.

El juez también aseguró que el caso de los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, "está en la misma ruta" por el crimen en el que otros 12 uniformados se encuentran prófugos y por los que el Gobierno no da razón. Esta es la segunda ocasión en la que el Supremo niega enviar a cualquiera de los acusados de matar a Ignacio Ellacuría (en la imagen, un cartel con su imagen durante una procesión) y a cinco de sus colegas y dos de sus colaboradoras.

En 2012, la Corte Suprema vetó la petición del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España de llevar a juicio a 13 implicados bajo la premisa de que la Constitución salvadoreña impedía la extradición de nacionales cuando se perpetró la matanza. Ramírez Murcia admite que el argumento fue "superficial" y "casi infundado", pero aseguró que uno de los elementos que propició la decisión fue la reciente nulidad de la Ley de Amnistía de 1993 por la Sala de lo Constitucional y que dio paso a que la justicia salvadoreña pueda reabrir los procesos por crímenes de guerra.

"En este caso desaparecía el sustento (de la justicia española para le extradición) de que había impunidad" por la existencia de la Ley de Amnistía, pero anulada esta, "queda en manos de las autoridades fiscales (salvadoreñas) la persecución o esclarecimiento" del hecho, explicó. La Justicia ordenó recientemente la captura de los 17 militares supuestamente involucrados en la matanza. Cuatro fueron detenidos, entre ellos Benavides, pero el resto están prófugos.

LGC (EFE / Reuters)