"La discriminación racial se basa en la deshumanización"

"Discriminación estructural”. Así define la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación que vive la población afrodescendiente en toda América. Se trata de un problema de larga data y difícil solución, que se debe enfrentar con enfoques que se adapten a las características y necesidades de cada país. La Organización de Estados Americanos (OEA), entidad de la que depende la CIDH, está consciente del problema, y ha buscado desde hace años homologar respuestas para que el continente avance en la lucha contra la discriminación.

Parte de ese trabajo fue expuesto en el informe "Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de personas afrodescendientes”, presentado esta semana por la CIDH y que busca visibilizar este fenómeno y exponer propuestas para combatirlo.

"Este informe es, en sí mismo, una forma reparatoria de invocar la memoria colectiva de las personas afrodescendientes, reconocer sus luchas sociales y legado histórico, y visibilizar las diferentes violaciones a los derechos humanos que han sufrido”, dice a DW la comisionada Margarette May Macaulay, abogada jamaicana y relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. "Además, es el primero en la región que incluye nuevos y necesarios estándares de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas afrodescendientes”, añade.

DW: El reporte habla de "discriminación estructural” contra la población afrodescendiente, además de una relación directa entre el origen étnico y la pobreza. ¿Qué pueden hacer los Estados para combatir esos problemas?

Margarette May Macaulay: La erradicación de todas las formas de discriminación racial es uno de los desafíos que no solo implica el reconocimiento constitucional, que es un elemento central en la inclusión de los grupos históricamente discriminados, sino también establecer garantías de protección que abarquen todos sus derechos. Los Estados deben adoptar acciones y estrategias que impulsen el respeto a las personas afrodescendientes y su incorporación en los planes de desarrollo. Además, se debe promover la igualdad de oportunidades y avanzar en su integración plena en educación, salud, empleo, participación política y acceso a la justicia, entre otros.

¿Cómo se asocia el origen étnico con la pobreza?

Se puede observar en investigaciones disponibles de la CEPAL y el Banco Mundial, por ejemplo, que la pobreza y la desigualdad son condiciones distintivas que, con frecuencia, aparecen en los indicadores como representativos de las personas afrodescendientes. Por ende, además de ser un problema social y cultural, la discriminación racial tiene de base un trasfondo económico que aún está inmerso en patrones institucionales.

¿Hay más discriminación contra la población afrodescendiente en los países donde son minoría, o estamos ante un fenómeno que se da también en regiones donde componen el grueso de la población?

Para la CIDH, la discriminación racial tiene su base en una estructura económica, la esclavización, fundada ideológica, cultural y socialmente, que sitúa a las personas afrodescendientes en una esfera de deshumanización. En este sentido, la discriminación hacia este grupo étnico-racial no depende si son mayoritarios o minoritarios en un país. En el caso de Brasil representan el 56 por ciento de la población y, sin embargo, las disparidades raciales se evidencian cada vez más. En Estados Unidos, como todo el mundo sabe por las coberturas de las noticias, aunque sean una minoría, son víctimas de las mismas violaciones y discriminaciones.

Por las noticias precisamente nos enteramos de la violencia policial contra los afrodescendientes en Estados Unidos. ¿Se repite esto en otros países de la región?

La violencia policial contra las personas afrodescendientes es un tema que se debe combatir con leyes y políticas, justicia y reparación. Y no solo ocurre en Estados Unidos. También la vemos en países como Brasil, Colombia, Cuba, y Argentina, este último recientemente hallado responsable por un caso de violencia racial policial por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta violencia está ligada a la discriminación histórica y estructural, y de allí surgen otro tipo de violencias, como microagresiones y discursos de odio basados en el origen étnico-racial en contextos de movilidad humana, como es el caso de las personas haitianas en Chile y en República Dominicana, o afrocolombianas en Ecuador.

¿Puede decirse que los problemas de la población afrodescendiente están invisibilizados en una región que tiene en la pobreza, la violencia, el narcotráfico y la corrupción sus principales desafíos?

La Comisión entiende que, al ser considerada América Latina la región más desigual del planeta, con altos índices de pobreza, violencia, corrupción e impunidad, las personas afrodescendientes están más expuestas a situaciones de vulnerabilidad; por ejemplo, este informe señala que la población afrodescendiente está concentrada desproporcionadamente en las áreas residenciales más pobres y con mayor déficit de vivienda, medios de transporte inadecuados y mayor exposición al crimen y a la violencia.

La Convención Interamericana contra el Racismo fue presentada hace ocho años, y desde entonces ha sido firmada por 12 países y ratificada solo por seis. ¿A qué se debe la renuencia de los Estados a adherir a esta convención?

La CIDH viene señalando la necesidad y urgencia de ratificar este tratado interamericano, toda vez que entiende que ello es un paso indispensable y muestra de un compromiso internacional para combatir todas las formas de discriminación e intolerancia. Consideramos que es necesario seguir aunando esfuerzos colectivos para fomentar la ratificación no solo de esta, sino de todas las convenciones interamericanas, porque de alguna manera todas se relacionan con la discriminación sistémica que sufren los afrodescendientes. Pero sí hemos constatado avances, como en Costa Rica, que tiene políticas públicas focalizadas en la población afrodescendiente. También varios países han promulgado leyes y programas que previenen y sancionan todas las formas de discriminación y/o actos de racismo, como Panamá, México, Uruguay, Colombia y Venezuela, entre otros.

(ers)