Indígenas miskitu luchan por el territorio y la vida

"Nuestra resistencia colectiva es ancestral, porque un miskitu sin tierra no es miskitu. De la tierra venimos y a la tierra vamos y por eso es importante contar con nuestro territorio. Éste tiene un valor sagrado para nuestra vida, identidad y cultura…”

Quien así habla es Constantino Rommel Frech, habitante de la comunidad  indígena Francia Sirpi, ubicada en la zona norcaribe de Nicaragua. Él es el vicepresidente del Territorio Indígena de Wangki Twi-Tasbam, en el municipio de Waspam, fronterizo con Honduras.

Hace cuatro años, el 18 de septiembre de 2015, Constantino Rommel Frech fue emboscado y gravemente herido por efectivos del ejército y la policía junto a otros defensores de derechos humanos.

Ellos se oponían a la irrupción de colonos, como se conoce a los campesinos mestizos de otras regiones del país que desde hace unos 10 años han invadido enormes territorios del norte y del sur de Nicaragua, incluyendo reservas de biosfera que deberían ser protegidas por el Estado.

Aquel día, varias casas de la comunidad de Wangki Twi fueron arrasadas y sus habitantes ancestrales obligados a migrar hacia otras aldeas, que posteriormente también serían arrasadas.

Ninguno de los miskitu supo de dónde salían esos hombres, protegidos por los soldados y detrás de los cuales comenzarían a entrar finqueros "del Pacífico” a quemar las tierras para sembrar y poderosas empresas mineras y madereras a talar y extraer sus árboles.

Constantino Rommel estuvo presente este martes en San José, Costa Rica, en una rueda de prensa donde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó la investigación "Resistencia miskitu: una lucha por el territorio y la vida”.

Extermino amenaza futuro de miskitus

De acuerdo al estudio, realizado en 12 comunidades indígenas de la región autónoma del Caribe norte de Nicaragua, los graves daños causados por la invasión del territorio miskitu y la falta de acción del Estado para remediarlo podría conllevar al exterminio de estas poblaciones.

El CEJIL analiza en este documento la "situación crítica y de violencia" que viven comunidades históricamente excluidas y ahora amenazas por la invasión sin control de los colonos, dijo Eduardo Guerrero, uno de los  autores del estudio realizado en base a entrevistas, reuniones y asambleas en las comunidades.

Indicó que la crisis ha dejado decenas de asesinatos, secuestros, agresiones físicas y sexuales. Asimismo, ha generado el desplazamiento interno de cientos de indígenas frente al avance de los que toman los territorios por la fuerza para la explotación minera, forestal, monocultivos y ganadería.

"Desde 2012 han ocurrido alrededor de 20 asesinatos, además de violaciones sexuales" de colonos contra mujeres de las comunidades miskitu, cuyas poblaciones han sido obligadas a huir e inclusive cruzar el río Coco y refugiarse en zonas de Honduras, señaló Guerrero.

El territorio Wanky Twi lo conforman 21 comunidades, parte de éstas dentro de la Reserva de Biosfera Bosawas. Ecologistas destacados han denunciado que la zona, considerada el "pulmón verde de Centroamérica”, ha perdido más de 1,4 millones de hectáreas de bosques, es decir, más del 70 por ciento su superficie protegida.

La invasión de tierras indígenas también ocurre en la sureña reserva Indio Maíz, cerca de la frontera con Costa Rica. La indolencia gubernamental ante un voraz incendio que destruyó más de 5.000 hectáreas en la zona generó protestas estudiantiles en marzo de 2018, previo al estallido de la rebelión cívica que sacudió al gobierno.

Complicidad gubernamental

Para Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) el Estado no tiene voluntad de ejecutar el denominado "proceso de saneamiento”, que de acuerdo con la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas (Ley 445) regula la demarcación y titulación de las tierras y obliga a la salida de los colonos.

Según Cunningham, todos estos años el ejército ha participado en emboscadas contra los indígenas y ha permitido el uso de armas de fuego por parte de los colonos. La invasión ha dejado además enormes extensiones de bosques convertidas en pastizales y potreros para ganado.

Solamente entre 2013 y 2015 Cejudhcan registró 28 denuncias de pobladores indígenas atacados, de las cuales 16 fueron por asesinato y el resto por heridas con armas de fuego. Las denuncias continuaron hasta hoy, aunque muchos afectados ya no las hacen por temor.

El informe de CEJIL destaca que la falta de acción estatal para prevenir y sancionar los ataques de los invasores de tierras ha creado un clima de impunidad, colocando a las comunidades en situación de vulnerabilidad y abandono. 

"Buscamos visibilizar esta problemática y su gravedad, para que el Estado de Nicaragua dé una salida lo más pronto posible. Es urgente que den una respuesta, pues de lo contrario la cultura indígena miskitu está en un riesgo irreversible de ser extinguida”, dijo  Marcela Martino, subdirectora de CEJIL.

"Hemos buscado que el Estado solucione esta situación de distintas maneras, y aún no hay atención a nuestra problemática. Mientras, las personas de nuestras comunidades enfrentan la hambruna, la violencia, el desplazamiento. La tierra para nosotros es la fuente de alimentación, pero también un territorio sagrado, desde donde emana nuestra espiritualidad”, insistió Cunningham.

Promover el retorno de los desplazados

El CEJIL plantea 10 recomendaciones al gobierno de Nicaragua, entre ellas iniciar el proceso de saneamiento de los territorios, priorizando el traslado de los colonos a sus lugares de origen.

También urge adoptar medidas para garantizar el retorno de las familias desplazadas; que el Estado les asegure el acceso a servicios de salud, educación, agua potable, alimentación y vivienda.

A su vez, el reporte solicita al Estado de Nicaragua que investigue, juzgue y sancione de forma exhaustiva e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas contra las comunidades miskitu. 

"Debemos luchar para impedir el exterminio de nuestros pueblos indígenas", dijo  la dirigente campesina Francisca Ramírez, miembro del Consejo de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que durante más de cinco años abanderó la lucha en contra de la construcción de un canal interoceánico en la zona sur de Nicaragua.

Francisca Ramírez y su familia de 45 personas tuvieron que exiliarse en Costa Rica hace un año, en el marco de la persecución del gobierno de Daniel Ortega contra los campesinos y estudiantes que participaron en protestas sociales.

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