La corrupción detrás de la deforestación peruana

La selva tropical de Perú ya no es lo que era. Donde hace unos años había una selva amazónica densa y salvaje, ahora hay filas de palma aceitera, hasta donde alcanza la vista. Desde arriba, estos lucrativos árboles pueden dar la impresión de grandes superficies de verde saludable. Pero de cerca, entre sus troncos no crece prácticamente nada. Las plantas autóctonas han desaparecido, así como los animales a los que proporcionaban alimento y hábitat.

Estamos aquí por la palma aceitera, cuyo fruto proporciona el aceite de palma tan utilizado en una amplia gama de productos: desde cosméticos hasta biocombustible, patatas fritas o todo tipo de cremas para untar en pan. Nos encontramos en la región de Ucayali, donde la situación es particularmente dramática, para informar sobre cómo surgió esta situación. En los últimos años se han talado unas 13.000 hectáreas para monocultivos, en su mayoría de palma aceitera y cacao, más que en cualquier otro lugar del país. Los lugareños, que viven en el corazón de la selva amazónica, hablan de una liquidación masiva, que ha perturbado violentamente lo que ellos recuerdan como una existencia una vez pacífica.

Más plantaciones que en otros lugares

Al investigar las circunstancias que llevaron a este cambio masivo en el uso de la tierra, Proética, la rama peruana de Transparency International (una ONG que lucha contra la corrupción), se encontró repetidamente con el nombre de Dennis Melka.

El inversor checo-estadounidense está detrás de un gran número de empresas, que gestionan las plantaciones con nombres diferentes. Melka ya ha hecho una fortuna en Malasia con el aceite de palma. En Perú, ha construido un conglomerado de 25 empresas en las que está involucrado de diversas maneras. El llamado "Grupo Melka" es complejo. Según Proética, las empresas que lo integran cambian de nombre, se cierran y se dividen como parte de una estrategia para conseguir la mayor cantidad de tierras posible.

¿Tráfico ilegal de tierras por políticos corruptos?

"Hay una conexión entre la deforestación, el comercio ilegal de tierras y la corrupción de funcionarios”, afirma a DW Magaly Ávila, directora del programa de Política Climática de Proética. Con su organización ha investigado cómo se otorgan los derechos sobre la tierra en Perú, llegando a la conclusión de que muchas de las tierras para producir aceite de palma y cacao habrían sido adquiridas mediante el soborno. 

En el informe correspondiente, Proética señala que entre 2011 y 2014 se ha producido un aumento significativo en la emisión de documentos de propiedad de la tierra a particulares en la administración autonómica competente. Un total de 3.500 certificados fueron emitidos en Ucayali. Según Proética, se aprecia una estrategia utilizada por grandes empresas. La organización sospecha de corrupción. Los políticos, supuestamente sobornados por las empresas, a menudo prometían derechos sobre la tierra a particulares que, actuando como intermediarios, revendían la tierra que terminaba en manos de las empresas. En otros lugares, los derechos válidos sobre la tierra fueron revocados de la noche a la mañana. O se persuadió a los campesinos para que vendieran sus tierras bajo falsos pretextos.

"Me dijeron que si no vendía mi tierra, me la quitaría el Estado”, lamenta el agricultor Walter Muñoz Quiroz. "Lo justificaron diciendo que no estaba cultivando como es debido toda la tierra que me habían dado. No supe qué hacer y estaba asustado”, recuerda.

Finalmente, Quiroz vendió su tierra muy por debajo de su valor. Le pagaron 100 soles por hectárea, lo que equivale a tan solo 25 euros (30 dólares estadounidenses). Más tarde se enteró de que no se había impuesto ninguna condición para el cultivo de la tierra, y que le habían mentido. Pero ya era demasiado tarde y su tierra ya no le pertenecía. 

Las plantaciones de palma aceitera como "interés nacional”

En el año 2000, el gobierno peruano declaró de "interés nacional” las plantaciones de palma aceitera. Por un lado, debido a que el cultivo de palma aceitera debía convertirse en una alternativa al cultivo de plantas de coca. Perú es uno de los países, junto con Bolivia y Colombia, con mayor número de plantas de coca del mundo. Otra razón fue una ley que, como en muchos otros países, estableció una cuota de mezcla del cinco por ciento de aceite vegetal en combustibles diésel a partir de 2005.

Los responsables políticos planificaron 50.000 hectáreas de plantaciones. Pero ahora hay 80.000, yla organización de ayuda Oxfamteme que para 2021, los monocultivos de palma aceitera podrían triplicarse. Según sus estudios, 1,4 millones de hectáreas podrían ser adecuadas para el cultivo de palmas.

Los indígenas se defienden

Proética realiza talleres sobre el terreno para que las comunidades indígenas no se vean arrolladas por estos acontecimientos. La organización también involucra a la justicia y al gobierno en la discusión. "Queremos educar a las personas afectadas sobre lo que está sucediendo y así ayudarles a defenderse en el futuro”, explica Magaly Ávila. El objetivo de Proética es garantizar una mayor transparencia y una mejor cooperación entre las distintas autoridades.

Estamos participando en uno de estos talleres en Santa Clara de Uchunya, un asentamiento indígena de unos 200 habitantes. El viaje hasta allí es complejo: desde Pucallpa, la capital de la región de Ucayali, tenemos que conducir dos horas hasta la orilla del río Ucayali. Desde allí continuamos en barca durante aproximadamente una hora.

Santa Clara de Uchunya se encuentra en el límite del conflicto. Las plantaciones de palma aceitera del Imperio Melka están al otro lado del río. Esta misma tierra fue previamente utilizada por los indígenas para la caza. Hoy, no se les permite entrar.

En total, se trata de 20.000 hectáreas de bosque, que los habitantes de Santa Clara quieren que el gobierno regional les conceda. Para ellos, el bosque es una "tierra ancestral”, como la llaman. No sólo Proética apoya el proyecto, sino también Robert Guimaraes, presidente de la Federación de Comunidades Indígenas FECONAU, una de las federaciones más antiguas de la región, que representa a más de 30 comunidades indígenas diferentes.

"He recibido muchas amenazas de muerte”, dice Guimaraes. Cree que está en grave peligro debido a su lucha contra las compañías de palma aceitera y plantas de cacao. Y no parece improbable que pueda haber violencia, según oímos de los habitantes de Santa Clara. Hablan de amenazas, ataques e incluso asesinatos atribuidos al conflicto por la tierra. En diciembre de 2017, seis agricultores fueron encontrados muertos a tiros en un campo. El móvil del crimen no se ha aclarado. 

"Los perpetradores son locales pagados por las respectivas compañías”, cree un residente. "Siempre encontrarás a alguien dispuesto si ofreces suficiente dinero”, explica.

La solución aún no está a la vista

No obstante, la población de Santa Clara de Uchunya no quiere ser intimidada. Quiere luchar hasta que el gobierno le conceda los derechos de la tierra y la selva se salve de la tala completa. Esto, sin embargo, podría llevar mucho tiempo.

A pesar de que se han descubierto algunas actividades ilegales en el pasado, en la actualidad no es previsible una mejora de la situación en Perú. La demanda de aceite de palma sigue siendo elevada en todo el mundo. Hoy en día, se consumen alrededor de 62,6 millones de toneladas de aceite de palma a nivel mundial, tres veces más que en 2002. En otras palabras, el aceite de palma es un negocio lucrativo.

Mientras tanto, la comunidad indígena tiene que vivir con el temor de perder aún más terreno de su selva tropical, lo que representa un peligro real para su forma de vida. Y, como lo resume el jefe de la aldea, Carlos Hoyos: "una comunidad indígena no es nada sin su tierra”.

Autor: Katja Döhne (AR/ER)