Enjoygate: investigación pone lupa en fideicomiso de Piñera

Una verdadera bomba lanzó la periodista Alejandra Matus al revelar sus investigaciones sobre la industria de casinos. La escritora chilena, radicada en nueva York, dio a conocer antecedentes que vincularían al presidente Piñera con ejecutivos de la empresa Enjoy y que siembran dudas sobre decisiones tomadas por el mandatario, que beneficiaron a la cadena de casas de juego.

La trama del llamado "Enjoygate” se remonta a cuestionamientos a la labor de la superintendenta de casinos, Vivien Villagrán, debido a irregularidades detectadas por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, cuyo informe fue aprobado el pasado 4 de marzo.

"La superintendenta había constatado que Enjoy había ofrecido apuestas en línea, en circunstancias que en Chile los juegos de azar están permitidos sólo al interior de un casino. Tenía la obligación de ponerlo en conocimiento de la justicia y no lo hizo. Esa omisión de denuncia constituye un delito”, señala a DW el abogado Luis Mariano Rendón, quien presentó una querella en el ministerio público, la cual fue admitida a tramitación.

Por esta primera arista del caso, la Asociación de Operadores de Casinos pidió la salida de Villagrán. Sin embargo, "la superintendenta permanece en el cargo por decisión del presidente Piñera. Ella tiene, al menos, una manga muy ancha respecto de una empresa de casinos”, dice Rendón.

¿Manga ancha con Enjoy?

Una segunda arista tiene que ver con posibles conexiones de Piñera con Enjoy. Al asumir como presidente, el empresario, quien posee una de las mayores fortunas del país, puso su patrimonio en un fideicomiso ciego, a cargo de empresas de inversiones que lo administran.

 

La periodista Alejandra Matus reveló que en enero de 2021 el mandatario firmó un decreto que habría beneficiado a Enjoy, al prorrogarle de forma extraordinaria, más allá de lo contemplado por la ley, el plazo para poner en funcionamiento cuatro casinos para los que la Superintendencia le había otorgado los permisos de operación en 2018.

La decisión se habría justificado por las dificultades causadas por la pandemia, pero la investigación de Matus ha revelado que la cadena de casinos arrastraba problemas financieros desde antes. El decreto habría permitido que la cadena "se mantenga a flote, a pesar de que está virtualmente quebrada desde 2017”, indicó Matus en el programa Mentiras Verdaderas, de la estación de TV La Red.

Ahora surgen cuestionamientos en relación con las empresas BTG Pactual y Moneda Asset, las cuales administran la fortuna de Piñera. "Está acreditado que el presidente y su familia tienen intereses en estas empresas y está acreditado que estas empresas han invertido en Enjoy. Lo único que falta por establecer es si los fondos específicos involucrados son los del presidente o no”, explica Rendón.

Tras las peticiones del abogado Rendón y del diputado Jaime Mulet, la Contraloría General de la República decidió fiscalizar el fideicomiso de Piñera e investigar una eventual violación a la ley de probidad administrativa. En definitiva, debe determinar si existirían conflictos de interés que vinculen al presidente y la cadena de casinos.

Para ello solicitó a la Comisión de Mercado Financiero antecedentes relativos a las inversiones del fideicomiso ciego y pidió a las empresas de inversiones involucradas información sobre las comunicaciones que han sostenido con el mandatario.

"Fideicomiso tuerto”

El gobierno, en tanto, se mostró confiado en la investigación y valoró que ésta pueda despejar dudas al respecto. El ministro secretario general de gobierno, Jaime Bellolio, rechazó las denuncias y aseguró que el mandatario "no tiene ni ha tenido ningún tipo de relación ni de interés con ningún casino”.

Al respecto, Rendón observa: "El ministro no puede descartarlo, a menos que tenga conocimiento de cuáles son las inversiones específicas y entonces el fideicomiso no sería ciego. Existen antecedentes que nos indican que el fideicomiso, como está funcionando en Chile al menos, no es muy ciego. Algunos dicen que sería tuerto solamente”.

La ley es amplia y para acreditar una falta de probidad no solo se refiere al interés monetario específico del presidente, sino a su intervención en cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. "La Contraloría debe investigar también las evidentes vinculaciones de amistad, comerciales o políticas que tenga el presidente con los socios y altos ejecutivos de Enjoy y que han sido difundidas, también en relación con el financiamiento de su campaña presidencial”, asegura Rendón.

En una entrevista con la radio Usach, el diputado Rodrigo González, presidente de la comisión investigadora de la cámara en el tema casinos, se refirió a faltas de probidad en la Superintendencia del ramo, asegurando que su titular tuvo un trato preferencial con Enjoy. Asimismo, habló de las conexiones entre una serie de actores de esta trama: "Creo que todas estas personas han actuado, yo no sé si coludidas, pero sí sintonizadas para que todo esto ocurra”.

La Contraloría tiene un plazo inicial de seis meses para investigar. De acreditar una violación a la ley de probidad administrativa por parte del mandatario, éste podría enfrentar una acusación constitucional. Adicionalmente, si las investigaciones llegan a establecer que se configuró un delito, podría tener que responder penalmente.

De cara a las próximas elecciones del 11 de abril y en un escenario de crisis por la pandemia, el Enjoygate complica aún más la situación de Piñera, quien enfrenta uno de sus momentos más difíciles al mando del país.