Elecciones municipales en Cuba: ¿algo nuevo?

Este domingo 19 de abril se celebran elecciones municipales en Cuba. En las boletas de dos barrios de los municipios habaneros Plaza de la Revolución y Arroyo Naranjo aparecen dos candidatos singulares para el sistema político cubano: Hildebrando Chaviano, un abogado de 65 años, y Yuniel López, un trabajador informal de 26. Chaviano, publica como "periodista independiente" en el sitio web Diario de Cuba, un duro crítico del Gobierno de la isla. Y López milita en el ilegal partido Cuba Independiente y Democrática (CID). Los dos opositores ganaron el mes pasado el respaldo mayoritario de sus vecinos en votaciones públicas, a mano alzada. Son apenas dos de los más de 27.000 candidatos a más de 12.000 puestos en las Asambleas Municipales del Poder Popular, los órganos de base del sistema político vigente en país.

Inusual pero no nuevo ni ilegal

"Lo que ha pasado hasta ahora es inusual, pero no nuevo", sostiene Haroldo Dilla Alfonso. "En algún momento de los años 90, dos disidentes intentaron postularse", recuerda este sociólogo e historiador cubano, que entonces dirigía en La Habana a un crítico equipo de investigadores sociales desmantelado en 1996. Ya entonces la reacción oficial fue similar. Tras "una típica respuesta combativa" que casi raya en la expulsión del vecindario, la Comisión Electoral "rectificó" e hizo lo que ahora han hecho con López y Chaviano: prepararles una biografia desfavorable que los califica de "contrarrevolucionarios", convocar a la gente a votar en su contra, movilizar a los militantes del partido comunista PCC (único legalmente reconocido en la isla) y a los miembros de los masivos comités barriales de "defensa de la revolución", explica el ahora profesor asociado de la Universidad Católica de Chile.

"Ni la Constitución y ni la Ley Electoral prohíben la candidatura de un opositor", aclara por su parte el jurista e historiador cubano Julio César Guanche, miembro del consejo editorial de la revista OSAL (Observatorio Social de América Latina). Sí lo prohibe la Ley 88 de “Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba” (que la oposición llama “Ley Mordaza”), pero "sólo a consecuencia de un proceso judicial", precisa, cuando priva de derechos políticos a quienes sean sancionados por lo que esta ley define como "delito".

Tampoco las Comisiones Electorales tienen facultades para interferir en una propuesta popular −siempre y cuando el candidato cumpla con los pocos requisitos que exige la ley, no padeza incapacidad mental y no esté privado de libertad−; pero sí pueden editar las biografías (en Cuba no se permite hacer campaña pero se difunden, en lugares públicos, biografías de una cuartilla con una foto), así como modificar las circunscripciones o distritos electorales. "Hubo un caso de una delegada del Oriente del país que, sin declararse 'disidente', se convirtió en una delegada muy crítica y, para evitar que se reeligiera, modificaron la circunscripción", ilustra Guanche.

¿Por qué ahora? ¿Se abre una brecha al pluralismo?

¿Cómo ha sido posible, pese a los mecanismos restrictivos disponibles, que al menos dos opositores aparezcan en las boletas electorales oficiales? Para Guanche, es evidente que −al menos en los vecindarios de López y Chaviano− ha disminuido el tradicional "apoyo popular a candidatos adscritos al sistema" junto con la valoración sobre la eficiencia del sistema mismo. Además, ha perdido arraigo la interferencia del Partido en las elecciones, que −sin ser sujeto electoral− suele conminar a sus militantes a contrarrestar con sus propias candidaturas la cada vez más escasa disposición a asumir cargos públicos o la aparición de propuestas opositoras. El "desgaste" de los órganos del poder popular es tal, que al menos "un sector de la población" ha perdido "el miedo a las presiones del Partido y los CDR", a "las visitas de la Seguridad del Estado", coinciden el politólogo e historiador cubano Armando Chaguaceda, profesor de la Universidad de Guanajuato, en México, y la profesora de Ciencias Politicas Marie-Laure Geoffray, estudiosa de Cuba en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina (IHEAL) de la Universidad Nouvelle Sorbonne Paris III.

Para Chaguaceda −teniendo en cuenta que los disidentes cubanos boicotean en general unas elecciones que califican de "farsa"−, se trata asimismo de "una estrategia menos confrontacional de un sector de la oposición, que aprovecha las leyes e instituciones del sistema político por limitadas que estas sean". Algo que ya hizo antes el fallecido Oswaldo Payá para proponer una reforma constitucional. Para Geoffray, el voto local en favor de figuras disidentes evidencia también que "ya que la represión no funciona como antes. Aunque sigue siendo fuerte contra opositores organizados y vinculados con organizaciones en el extranjero, especialmente en EE. UU.", opina. Además, han disminuido los "beneficios" (empleo, estancias vacacionales, etc.) que el Estado y las organizaciones de masas ofrecían como "incentivos para conformarse con el discurso oficial", agrega Geoffray. "Ahora, queda por ver si la comunidad dobla el brazo por presiones o los reafirma", concluye Chaguaceda. "Si estas personas son electas u obtienen una cantidad alta de votos, la sociedad cubana ha cambiado mucho", señala Dilla y añade: "Creo que es a esto a lo que apunta la estrategia de estos opositores".

¿Pistas sobre cambios políticos futuros?

"No creo que esto obedezca a un cambio normativo, que vaya a hallar correspondencia en el marco legal", opina Chaguaceda. Eso sí, "de resultar electos, sería la primera representación opositora en el sistema político cubano en casi 60 años", agrega. Si bien el hecho no puede ser relevante en términos estructurales, por las atribuciones meramente formales, "administrativas", que tiene un representante de base del sistema político y los recursos que maneja, sí tendría una enorme relevancia simbólica, coinciden este politólogo y el jurista Julio César Guanche. "Aún cuando estas personas resulten electas, el sistema estatal municipal no está diseñado para que, en ningún caso, se haga política local desde el municipio y, mucho menos, política nacional desde lo local", explica Guanche y agrega: "En términos de formulación de políticas, de control de recursos, no hay nada parecido en Cuba a eso que se llama política municipal".

Así las cosas, "pudiera pensarse que en un futuro en este ambito local pueda producirse alguna tolerancia a la existencia de delegados opositores, lo que facilitaría una imagen mas tolerante y pluralista (del Gobierno), sin poner en peligro los resortes principales del poder. Y para los opositores sería una opción interesante de estrenarse en el quehacer público en el ámbito local", prevé Dilla. Para este sociólogo cubano, tal derrotero "podría ser un resultado lógico de la derivación del regimen hacia una democracia limitada al estilo priista, su mejor referente postrevolucionario tardío". Sin embargo, aclara Chaguaceda, "eso en el modelo mexicano estaba acompañado con una oposición que era legal, que tenía ciertos espacios mínimos, acotados, desiguales pero reconocidos, que no es el caso cubano".

Nueva Ley Electoral

Mientras tanto, en la isla se elabora una nueva Ley Electoral, en la que al menos tres cambios parecen asegurados tras haber sido anunciados por el propio presidente Raúl Castro o ensayados en proyectos locales piloto: la limitación a dos mandatos de cinco años para los más altos cargos (algo que debería aplicarse a todos), la separación de las hoy fusionadas funciones del Estado y el Gobierno y de la elección de quienes las ejecutan, así como la inclusión de observadores de la sociedad civil (cuya independencia del poder político estará por ver), enumera el jurista e historiador Julio César Guanche. Más allá del plano de lo previsible, en el de lo deseable quedan, para unos, la transición completa hacia una "democracia capitalista", a la que no solo el actual Gobierno y sus partidarios se resisten; para otros, la reforma hacia un "socialismo democrático" que exigiría múltiples cambios en la formulación y, sobre todo, en la implementación de la actual política local, regional y nacional.

En este sentido, "el Poder Popular de base, la figura del delegado es uno de los pocos puntos de consenso entre los que somos críticos del modelo político cubano, los que son críticos pero aún mantienen muchos vínculos con el aparato de Gobierno y los defensores del aparato", opina Chaguaceda. Salvo lo que este politólogo llama la "extrema derecha" y describe como partidaria de una invasión que arrase con todo rastro de las actuales instituciones, "una amplia gama de posiciones coincide en que los Órganos Locales del Poder Popular son lo salvable, lo más democrático del sistema, el componente más republicano, de participación ciudadana, de civismo", asegura. De modo que intentar dotarlos de más atribuciones, de una participación más autónoma, podría contribuir, por un lado, a "erosionar lo que ha sido el monopolio del Estado-Partido único" y, por otro, a "impedir que, con cualquier transición o cambio político, saltemos de ese monopolio a la partidocracia de una oligarquía que compite entre sí y secuestra, a través de la representación política, al sujeto popular".