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El fantasma del canal de Nicaragua que no se vislumbra

Nicolás Guzmán
29 de noviembre de 2022

Diez años han pasado desde que Nicaragua anunció el megaproyecto de un canal interoceánico. En este período, decenas de ambientalistas han sido arrestados o se han exiliado. Hasta hoy no hay señas del canal.

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Una foto de el lago Cocibolca de Nicaragua.
El lago Cocibolca de Nicaragua, en la foto, era parte del trazado del Gran Canal de Nicaragua. Imagen: Getty Images/AFP/I. Ocon

14 de septiembre de 2022. En el marco de las fiestas patrias de Nicaragua, en un acto de juramento a la Bandera, Daniel Ortega, para sorpresa de todos los asistentes, volvió a hablar del famoso canal interoceánico de Nicaragua, anunciado hace más de 10 años por él mismo. 

"El canal en algún momento será una realidad aquí en Nicaragua ¿Por qué? Porque es cierto que hay un canal por Panamá que ha sido ampliado, pero las demandas del tráfico internacional son tan grandes que se hace necesario el canal por Nicaragua", fueron sus palabras. La última vez que había hablado del tema fue en diciembre de 2021 cuando dijo que el proyecto "estaba vivo", y antes de ello, en 2019, cuando confirmó que "está nuestro compromiso de seguir por la construcción del canal".

Al menos una vez al año se refiere a este proyecto, aunque siempre sin especificar plazos y financiación. 

La eterna promesa

Fue un gran evento ese día. La prensa nicaragüense estaba expectante del comienzo de un proyecto valorado en cerca de 50.000 millones de dólares, uno de los más importantes en la historia de ese país. El 22 de diciembre de 2014, Daniel Ortega posaba ante las cámaras junto al empresario chino Wang Jing, presidente de la firma del grupo Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND), a cargo del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, para dar el puntapié inicial a las obras de construcción. 

La ruta del Gran Canal buscaba atravesar el sur del país, de este a oeste, con una extensión de 278 kilómetros, prometiendo el paso de una nueva generación de buques portacontenedores. El recorrido del proyecto atravesaría el lago de Cocibolca, también conocido como el Gran Lago de Nicaragua, para llegar hasta Punta Gorda. 

"El mayor proyecto de ingeniería civil de la historia", como lo denominaron las autoridades nicaragüenses hace varios años, beneficiaría a 50 mil personas con nuevos empleos por los cinco años previstos para la construcción, y a otras 200 mil más para cuando comenzara sus funciones. Se habló incluso de la posibilidad de que Nicaragua duplicara su Producto Interno Bruto (PIB), gracias al Gran Canal. 

La promesa nunca llegó. Las modernas carreteras siguen siendo caminos de tierra y nada se ve de la construcción de los dos aeropuertos, dos puertos de aguas profundas, lagos artificiales, esclusas o complejos turísticos que incluiría el proyecto. 

A ello se suma que, en mayo de 2021, la Bolsa de Valores de Shanghái expulsó del mercado bursátil a la empresa Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. (Xinwei Group) y a su presidente, Wang Jing, -el mismo del Gran Canal-, por malas prácticas. De hecho, el empresario chino ha visto reducida considerablemente su fortuna en los últimos años. Un gran problema para Ortega, considerando que era el máximo inversionista de su proyecto. 

Organización civil de campesinos y ambientalistas

Para la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, la Asamblea Nacional de ese país aprobó la polémica Ley 840, denominada "Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas" que, según muchos críticos al proyecto, cedía la soberanía nacional al empresario Wang Jing. 

La noticia sorprendió a los campesinos del sur de Nicaragua, quienes se organizaron para mostrarse contrarios a la decisión que estaban tomando las autoridades, sin consulta a los habitantes de esa zona, incluyendo los pueblos originarios. Las críticas apuntaban a una expropiación de las tierras y a un impacto ambiental de proporciones. 

"Hubiera sido tan importante que los organismos internacionales y los mismos organismos de derechos humanos nos hubieran puesto atención desde un principio", dice a DW la dirigenta del movimiento anti-canal de Nicaragua, Francisca Ramírez. "No hubiéramos vivido la triste realidad que hemos vivido por 10 años, en que se han violado nuestros derechos, públicos y privados, desde que se inició la Ley 840", agrega.  

Asimismo, una serie de organizaciones que se han mostrado contrarias al proyecto, entre otras cosas, por su impacto ambiental, han sido cerradas o amenazadas en los últimos años. Amaro Ruiz, presidente de la Fundación del Río -una de las que fueron canceladas por Daniel Ortega-, explica a DW que, "ya van más de 3.000 organizaciones cerradas en Nicaragua, solo porque fueron críticas al proyecto del canal". 

 Daniel Ortega.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Imagen: Jairo Cajina /Nicaraguan Presidency/AFP

Del mismo modo, Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, señala a DW que, "en 10 años, es muy poco lo que ha trascendido a la esfera pública sobre este megaproyecto. Esta forma de actuar despierta una serie de cuestionamientos que, usualmente, en otros países de América Latina, terminarían ante los tribunales de justicia, ya sea por la falta de consulta de las personas afectadas, la falta de información, la falta de acceso a datos de carácter técnicos o la inexistencia de mecanismos de compensación para las comunidades más afectadas". 

"Pero no estoy muy seguro de que los tribunales de Nicaragua cuenten en estos momentos con jueces que estén dispuestos a hacer prevalecer los principios modernos del derecho ambiental en el caso de este megaproyecto", añade el abogado. 

Acusaciones de corrupción y falta de transparencia

Ruiz también reitera uno de los cuestionamientos actuales al megaproyecto que apuntan a una serie de corrupciones en torno a él.  

"Cuando se firmó la ley 840 y se establece el Acuerdo Marco de Concesiones, que es un anexo de esa ley, se estableció que el proyecto iba a caducar si el inversor no construía el canal. El proyecto, por lo tanto, debió haber caducado. Y, por ende, se debió hacer la derogación de la ley 840 y hasta la fecha aún no ha ocurrido", afirma. 

"Sin embargo, el Presupuesto General de la República sigue otorgando a la comisión del canal un presupuesto de los impuestos de los nicaragüenses, sin ninguna supervisión. No se sabe en qué se gasta, si hoy por hoy no hay ningún proyecto asociado a la comisión del canal", agrega.

Hasta el día de hoy no ha existido ningún avance del Gran Canal de Nicaragua en la práctica. Un fantasma que aún se mantiene en la retina de los nicaragüenses que ven con temor los anuncios que, cada cierto tiempo, Ortega hace en los medios de comunicación para la sorpresa de todos.