Ecuador: Rafael Correa, buscado como un criminal

Rafael Correa llevó las riendas de Ecuador durante una década, desde el 15 de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017. Al finalizar su Gobierno, críticos severos de la izquierda latinoamericana reconocieron que su gestión había brillado por sus resultados –estabilidad política, renovación institucional, crecimiento económico y reducción de la pobreza–, sobre todo al comparar su "Revolución Ciudadana" con la "Revolución Bolivariana" impuesta en Venezuela. Siendo Correa uno de los exponentes del "socialismo del siglo XXI", no destruyó la industria nacional ni ahuyentó a los inversionistas extranjeros como hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro en su país.

"Su buena formación y su experiencia profesional como economista le sirvieron para distinguirse de otros líderes regionales", dice Thomas Fischer, profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, al ser consultado sobre los aspectos menos controvertidos del expresidente. Pero, ¿qué hay de su estilo de mando y de su comprensión de la democracia y los derechos humanos? Muchos se hicieron esa pregunta sin hallar respuesta mientras Correa estaba en el poder y volvieron a hacérsela este 3 de julio, cuando la Justicia ecuatoriana emitió una orden de detención internacional y extradición en su contra.

A Interpol se le ha pedido buscar a Correa en Bélgica –donde vive con su familia desde julio de 2017– y llevarlo a Quito, donde se le acusa de haber orquestado el secuestro del exparlamentario opositor Fernando Balda el 13 de agosto de 2012. En 2011, Balda, quien ya le había atribuido corruptelas al entonces jefe de Gobierno, denunció que Correa estaba espiando a adversarios políticos y a periodistas. Tras ser condenado por injurias no calumniosas contra el Estado ecuatoriano, Balda evadió la cárcel huyendo a Bogotá. Allí, la Policía frustró el rapto en cuestión y los sicarios, todos colombianos, confesaron haber seguido órdenes de la SENAIN.

Fischer: Correa no fue un dictador

SENAIN son las siglas de la Secretaría Nacional de Inteligencia, una instancia que sólo obedece a la Presidencia de la República de Ecuador. Hasta ahora, lo que incrimina a Correa es un vaivén de correos electrónicos entre los autores materiales del rapto fallido y un funcionario de la Presidencia ecuatoriana; depósitos de dinero hechos desde una cuenta bancaria de la SENAIN hacia la de Raúl Chicaiza, perpetrador del secuestro frustrado; y declaraciones de la propia víctima según las cuales la orden de capturar a Balda pasó por el Ministerio del Interior. Colombia terminó entregando a Balda a la Justicia de Ecuador a finales de 2012.

Fischer, el catedrático de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, corrobora que las relaciones entre el oficialismo y sus opositores fueron muy tensas entre 2007 y 2017, pero no recuerda que durante el mandato de Correa se persiguiera a quienes lo desafiaban abiertamente. "La oposición se quejaba de que él la trataba muy rudamente, sobre todo en términos retóricos. Correa decía lo mismo de sus adversarios e insistía en que estos habían rebasado el límite de lo tolerable en una democracia. Admito que me asombraban los duelos verbales que protagonizaban los políticos ecuatorianos en la prensa local", dice el experto.

"Durante el decenio que Correa pasó en el poder se llegó a decir que su Gobierno se había transformado en una dictadura y, en realidad, no era así. Es necesario analizar indicios concretos para determinar si su Ejecutivo incurrió en excesos", acota Fischer con cautela cuando se le pide opinar sobre el "caso Balda". Aunque la politóloga Sofía Vera también mide sus palabras, la investigadora visitante del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) no omite que las tendencias autoritarias de Correa solían ser comparadas con las del déspota peruano Alberto Fujimori y ahora son percibidas como precursoras del populismo de nuevo cuño en auge por doquier.

Vera: Correa no toleraba crítica alguna

"Su talante autocrático se exacerbó mientras ocupó la presidencia de Ecuador; llegó un punto en que ya no toleraba crítica alguna. Usaba los canales de comunicación a su alcance para amedrentar a los periodistas, dirigiéndose a ellos con nombres y apellidos; los tachó de enemigos que debían ser combatidos, se refería a 'la prensa corrupta y maliciosa' mucho antes de que se hablara sobre las 'fake news', propició la promulgación de una 'ley mordaza' y facilitó las demandas por difamación contra medios para blindar a su Ejecutivo contra el desprestigio", rememora Vera, especialista en procesos de democratización y sus antónimos.

Durante la "era Correa" cundía un temor justificado por la libertad de prensa, el derecho a la información de interés público y la libertad de expresión en Ecuador. Había más incentivos para la autocensura que para el periodismo investigativo. Pero, ¿es concebible que el exmandatario haya perseguido sistemáticamente a rivales políticos como Balda sin que una u otra redacción se atreviera a arrojar luz sobre esas prácticas? "De Correa se han dicho muchas cosas. Está en manos de la Justicia despejar las incógnitas al respecto. De momento es difícil saber a ciencia cierta si él fue más allá de pretender intimidar a sus opositores", comenta Vera.

Fernando Balda elevó cargos contra Correa por primera vez en 2013, desde la prisión donde pasó dos años; pero fue apenas en 2017 –con un nuevo presidente y un nuevo Fiscal General en Ecuador– cuando comenzaron las investigaciones para determinar si sus imputaciones tenían fundamento. A los ojos de la Corte Nacional de Justicia de Quito, hay motivos para exigir la prisión preventiva de Correa. "El 'caso Balda' no es el único crimen de Estado que se cometió durante los diez años del 'correísmo'. Hubo una persecución sistemática de opositores", señalaba la víctima a mediados de junio de 2018.

Balda: "A otros sí los asesinaron"

"Yo soy un sobreviviente. A otros sí los asesinaron", agregaba el exasambleísta del partido Sociedad Patriótica, dejando a buen entendedor que el objetivo de los sicarios de Bogotá –cuatro ciudadanos colombianos que ya fueron condenados a un lustro tras las rejas en su país– trascendía el mero secuestro. Mientras tanto, Correa insiste en defender su inocencia desde Europa, donde podría pedir asilo en breve. Desde Bélgica refutó los testimonios de un exfuncionario de la SENAIN que lo inculpan: el exagente sostiene que, usando el alias 'Carlitos', Correa se comunicó con él antes y después de la operación para raptar a Balda en Colombia.

Contrario a lo que piensa la víctima, las confesiones del exmiembro de la SENAIN apuntan a que la presunta orden de Correa no era matar a Balda, sino repatriarlo "por los medios que fueran". Los simpatizantes del expresidente desestiman los indicios que lo desfavorecen alegando que la causa en su contra es un "complot". Balda, por su parte, anunció que viajaría a la Unión Europea para probar que Correa no es blanco de persecución política ni mediática en Ecuador: a Bélgica por ser el país de residencia del otrora "hombre fuerte" de Quito y a España por ser el Estado donde Pablo Romero, exdirector de la SENAIN y pieza clave del caso, fue detenido por Interpol.

Las indagaciones preliminares de esta espinosa materia culminan el próximo 18 de julio: es en esa fecha cuando la Corte Nacional de Justicia decidirá si abre o no un juicio en firme. Si se comprueba que el rol jugado por Correa en el "caso Balda" es el de autor intelectual de secuestro con fines políticos, como arguye la defensa de la víctima, el exmandatario no podría solicitar asilo en Europa porque el cargo en su contra constituiría un crimen de lesa humanidad imprescriptible, explicaba hace poco Jorge Benavides, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de las Américas (UDLA) de Quito, en entrevista con EFE, la agencia de noticias española.

Evan Romero-Castillo (LGC)

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