Diálogo, protesta, violencia y represión en Latinoamérica y Europa

Las calles de los países comunitarios con mayor grado de endeudamiento no tardaron en llenarse de manifestantes iracundos tras el estallido de la crisis financiera global en 2008: cuando la Unión Europea (UE) les impuso severas agendas de austeridad a cambio de auxilios económicos, el descontento popular adquirió visos preocupantes; incontables protestas pacíficas contra la dureza de las medidas terminaron en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de esos Estados.

Escenas similares se registraron al otro lado del Atlántico, aunque por razones distintas. En los países de América Latina y el Caribe (ALC) que exhibieron un apogeo económico mientras otras regiones padecían la recesión, el combustible que avivaba las movilizaciones sociales era –y sigue siendo– la injusta distribución de la renta nacional, la prevalencia de la corrupción administrativa y las expectativas frustradas tanto de las nuevas clases medias como de la población joven.

Sobre las protestas masivas del último lustro y las respuestas de los Gobiernos democráticos de ambas regiones –no siempre acordes con el Estado de derecho– se discutió este viernes (10.10.2014) en un coloquio del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) de Hamburgo, auspiciado por la Fundación UE-ALC. El investigador brasileño Antônio Sampaio, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres, aludió a la violencia que se vio en su país durante las marchas contra el despilfarro en los grandes eventos deportivos de 2013 y 2014, atribuyéndola al black bloc.

Fuego contra fuego

“El bloque negro, un grupo de tendencia anarquista que se organiza vía Facebook y carece de membresía formal, secuestró varias concentraciones de un movimiento social más bien pacífico, aprovechando la atención que atrajeron las protestas legítimas para articular su propio mensaje extremista”, comentó Sampaio en entrevista con DW. No obstante, también los Gobiernos y sus organismos de seguridad contribuyeron a que se caldearan los ánimos al incurrir en desafueros para dispersar numerosas manifestaciones.

“Cuanto más brutal sea la represión estatal, más violenta tenderá a ser la reacción de los artífices de los movimientos sociales, que suelen ser esencialmente pacíficos. Eso lo hemos visto en Venezuela, en México, en España, en Grecia y hasta en Alemania. Muchos Gobiernos, incluso los de talante democrático, se inquietan cuando gozan de poca confianza o legitimidad. Eso los lleva a construir fortalezas a su alrededor y a asumir actitudes defensivas”, señaló Donatella della Porta, del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

“Este síndrome se ha acentuado sobre todo a partir de los ataques terroristas perpetrados en territorio estadounidense el 11 de septiembre de 2001. Desde entonces, muchas protestas han sido catalogadas como potenciales problemas de seguridad nacional o como posibles actos extremistas”, sostuvo la investigadora italiana. “Muchos Gobiernos recurren a una represión desmedida porque, hasta cierto punto, las demandas que hacen los manifestantes ponen en entredicho las relaciones de poder social y político vigentes”, acotó Sabine Kurtenbach, del Instituto de Estudios Latinoamericano (ILAS), adscrito al GIGA de Hamburgo.

El miedo a la juventud, mal consejero

“Existen estudios estadísticos según los cuales los Gobiernos de países con una población mayoritariamente joven prefieren aplicar medidas represivas incluso antes de que las protestas tengan lugar para reducir el riesgo de explosiones sociales mayores. En muchas regiones del mundo, reprimir es el primer impulso del establishment cuando éste no está dispuesto a alterar las circunstancias que lo privilegian”, explicó Kurtenbach a DW. “Sin embargo, en una misma región se pueden presentar situaciones contrastantes”, agregó la experta.

“En Chile, por ejemplo, las manifestaciones del movimiento estudiantil fueron dispersadas por la policía a punta de gas lacrimógeno, pero cuatro de los líderes estudiantiles obtuvieron cargos parlamentarios en los comicios legislativos que siguieron a las protestas y el nuevo Gobierno chileno ha atendido algunas de sus exigencias, dando inicio a la reforma del sector educativo. El estudiantado no está del todo satisfecho, pero la disposición del Gobierno a implementar cambios es un paso en la dirección correcta”, aseguró Kurtenbach.

“Por otro lado, en los últimos días hemos visto con inquietud la suerte que han corrido los activistas estudiantiles en México”, comentó la especialista del GIGA. Sampaio, Della Porta y Kurtenbach no tenían planeado describir estrategias gubernamentales ejemplares –“best practices”– para reducir conflictos sociales. Pero buena parte de los casos descritos dejaron a buen entendedor lo que no se debe hacer cuando se busca evitar que una discordia dirimible en la mesa de negociaciones se convierta en una crisis nacional.