Dina Boluarte: dos años de delicado equilibrio en el poder

El 7 de diciembre de 2022, Dina Boluarte pasó de ser la vicepresidenta de un mandatario de marcado corte izquierdista, como era Pedro Castillo, a asumir el mando de Perú e iniciar una deriva que la tiene hoy, casi dos años después, liderando un Gobierno que se sostiene gracias al apoyo de sectores conservadores.

Con su antecesor destituido por el Congreso y detenido, acusado de rebelión y conspiración, Boluarte comenzó un largo viaje no exento de dificultades, acusaciones y polémicas de todo tipo.

Investigación contra su hermano, Nicanor Boluarte

La más reciente es la orden de captura dictada contra su hermano, Nicanor Boluarte, quien hoy es buscado a nivel internacional luego de que el martes 19 de noviembre no se presentara a una audiencia, en el marco de una indagación por presunto tráfico de influencias y participación de una organización criminal.

Según la Justicia, Nicanor Boluarte designaba funcionarios en oficinas del Estado, siempre y cuando estos estuvieran dispuestos a colaborar económicamente con una "red corrupta que intentaba crear". También les habría pedido que ayudaran a recopilar firmas para el nuevo partido político que intentaba formar.

Como Dina Boluarte había sido expulsada del izquierdista Perú Libre en enero de 2022  -antes de asumir la presidencia- debido a que había declarado no abrazar el ideario del partido, necesitaba un respaldo popular que quiso encontrar en Ciudadanos por el Perú, el movimiento cuya organización quedó en manos de Nicanor Boluarte. En ese proceso se habrían cometido los presuntos delitos hoy investigados por la Justicia. 

Pese a la investigación contra su hermano, no tener una bancada propia, a estar en la mira de la Fiscalía por el caso "Rolexgate” y a una impopularidad enorme, Boluarte confía en terminar su gestión el año 2026.

"Ella tiene el apoyo de los partidos de derecha en el Parlamento, a quienes les sirve mantener el statu quo de un Gobierno frágil que depende de su aprobación”, dice a DW Gitte Cullmann, representante para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, cercana al partido alemán Los Verdes.

Beneficio a corto plazo

Boluarte no solo ha conseguido mantenerse en el poder pese a los contratiempos, sino que incluso ha asumido grandes desafíos a nivel internacional, como la organización de la cumbre de la APEC, o ha aparecido junto a líderes de la talla de Xi Jinping durante la inauguración del puerto de Chancay.

"Este tipo de eventos recalcan que, a pesar de la crisis política, la estabilidad macroeconómica del Perú y su importancia económica en la región se mantienen”, explica a DW Robert Helbig, representante de la Fundación Konrad Adenauer, cercana a la Unión Cristianodemócrata alemana.

El experto apunta que "la presidenta Boluarte se beneficia de esta exposición internacional, pero por períodos de tiempo muy cortos, luego de los cuales se ve nuevamente confrontada con los problemas internos”.

"Boluarte está muy preocupada con establecer una imagen de un país sin convulsión social, con el fin de atraer o asegurar inversión extranjera. En mayo, durante el XV Encuentro Internacional de Minería, explícitamente habló de la importancia de que Perú sea visto como un país que se desarrolla en paz y democracia”, apunta Cullmann.

Sin embargo, añade la representante de Los Verdes, "se puede dudar de que estas muestras de unidad con estos líderes internacionales hayan ayudado a fortalecer su legitimidad ante la ciudadanía. Las protestas que comenzaron en octubre ante la creciente inseguridad ciudadana siguieron durante la cumbre de la APEC, y la aprobación de la presidenta está más baja que nunca, en un 3 por ciento”.

Retroceso democrático

La falta de respaldo ciudadano, la inexistencia de un apoyo político en el Parlamento, las protestas y las indagaciones judiciales plantean un escenario poco feliz para la mandataria. ¿Cómo logra sortear todas estas dificultades en un país donde los congresistas suelen usar las mociones de vacancia contra los presidentes?

"El Congreso ve en Dina Boluarte una garantía de estabilidad para el país hasta las elecciones de 2026. Sin embargo, la crisis de la seguridad ciudadana y la enorme impopularidad del Gobierno hacen dudar de si este apoyo podrá mantenerse hasta el 2026”, estima Helbig, quien también advierte que "la fragilidad del sistema de partidos políticos y la complejidad para implementar reformas en el Perú hacen que la gran mayoría de los gobiernos terminen con porcentajes altísimos de desaprobación”.

Cullmann pone otro elemento relevante sobre la mesa: las masivas manifestaciones que exigían la renuncia de Boluarte al comienzo de su mandato. "Ante la aprobación mínima de su presidencia, las demandas de renuncia y las investigaciones por violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2022 y 2023, ella está buscando no quedar aislada y dar una imagen de aprobación internacional hacia la población peruana”, señala la especialista.

La fragilidad de su mandato explicaría la constante aplicación de los estados de emergencia y el uso de militares para mantener el orden público. "Esto significa una fuerte restricción de derechos fundamentales como la libertad de reunión y posibilita una criminalización aún mayor de las protestas. En Perú ya estamos viendo un retroceso democrático grave desde algún tiempo”, advierte Cullmann.

(ms)