Chile: militares, cobre y privilegios

Cuando el presidente Sebastián Pinera decretó estado de emergencia y recurrió a los militares para intentar detener la violencia, la medida no fue todo lo efectiva que hubiera esperado. La presencia militar en las calles revivió tanto las imágenes de la dictadura, como la discusión en torno a las relaciones cívico-militares.

"Fue un error no desplegar a la Policía, sino llamar rápidamente a las Fuerzas Armadas. Eso empeoró la situación, dando una señal al movimiento social de que iba a ser criminalizado y no iba a ser aceptado como legítimo, lo que generó la ira de los manifestantes y de la población", indica a DW Marcos Robledo, quien fuera subsecretario de Defensa durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

En opinión del politólogo, esto "introdujo a las Fuerzas Armadas, en forma injustificada, en la gestión de una crisis en la que no tenían nada que ver, y en un país que tiene memorias terribles de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La combinación de esa memoria histórica con la presencia de los militares en la calle ha profundizado la distancia entre los ciudadanos y los militares".

La corrupción

La distancia tiene además otras causas. "Producto de los casos de corrupción, tanto en la policía como en los militares, el nivel de respeto que se les tenía, en las décadas de 1990 y 2000, cuando eran las instituciones con mayor prestigio, se ha perdido, lo que se nota en el día a día. Cuando hubo estado de emergencia, la ciudadanía fue muy desafiante. Hoy se les percibe como instituciones que también son parte del problema, que tenían privilegios y abusaron del poder", dice a DW Claudio Fuentes, académico de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

El politólogo hace alusión al llamado "Milicogate", destapado en 2015. Una millonaria trama de corrupción, fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre, por parte del alto mando de las Fuerzas Armadas.

Mirando más atrás, la dictadura militar dejó a las Fuerzas Armadas como un sector privilegiado. Un signo emblemático es que, cuando la población civil debió cambiarse a un sistema privado de pensiones, los uniformados permanecieron en el fondo antiguo y "mantuvieron ciertas condiciones en materia de bienestar social, como un sistema de pensiones, de reparto muy a la europea, y también en salud tienen ciertos privilegios", dice Fuentes. 

"En cambio, los chilenos reciben pensiones miserables, a través de un sistema que está en crisis", compara Robledo, quien es coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva y Sostenible de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

La cuestionada Ley del Cobre

Otra singular situación beneficiaba hasta hace poco a las Fuerzas Armadas. Desde 1958, una ley obligaba a la empresa cuprífera estatal Codelco a entregar anualmente a la institución el 10% de sus ventas, las que debían ser destinadas a armamento y equipamiento.

Cuando el Gobierno militar privatizó todas las empresas estatales que Salvador Allende había nacionalizado, hizo una excepción con Codelco, contraviniendo sus principios neoliberales, para asegurar los ingresos de las Fuerzas Armadas. Fue la única institución que contó con un beneficio de este tipo.

Los gastos con estos fondos tenían incluso carácter de reservados y, hasta 2016, no debían ser rendidos. Sobre todo en los años de alza del precio del mineral, los militares recibieron un cuantioso aporte. Según el diario La Tercera, entre 2014 y 2018, el 75% de los excedentes de Codelco fueron a parar a las Fuerzas Armadas: más de cinco mil millones de dólares.

En  septiembre de 2018, la Ley del Cobre fue derogada y ahora este tributo irá a las arcas fiscales para beneficio de todo el país. Una nueva ley regula el financiamiento en Defensa y el presupuesto debe ser aprobado por el Congreso. "La nueva ley termina con la asignación automática y establece una lógica política, según las necesidades que establezca el ministerio de Defensa", dice Robledo.

Si bien es un avance, hay temas pendientes. Según Claudio Fuentes, "el gran problema es que todavía la ejecución de las compras depende de las Fuerzas Armadas y no de un ente autónomo o centralizado en el Ministerio de Defensa. Una vez que se decide comprar un avión, quien sale a comprarlo es un militar, y ahí está el riesgo de corrupción".

Los privilegios de la élite

Esto, en el contexto de "los últimos cuatro años, con escándalos de corrupción por el mal uso de los recursos destinados a las Fuerzas Armadas, tanto destinados a compra de armas, como a los gastos reservados por parte del alto mando de las Fuerzas Armadas", apunta Fuentes.

El Gobierno ahora debe presentar un proyecto de ley para transferir a alguna agencia centralizada, independiente de los militares, la ejecución de las compras y así prevenir casos de corrupción. Fuentes critica también que se mantuvieron ciertos montos fijos mínimos, "un nivel relativamente alto destinado a equipamiento, que ahora, en vez de venir de la empresa Codelco, viene del Estado".

También es necesario seguir modernizando los mecanismos de gestión militar, de acuerdo con un plan de largo plazo, estima Robledo. "Disminuir la autonomía de las Fuerzas Armadas y fortalecer la gobernanza civil permitirá prevenir los casos de corrupción que han contribuido a debilitar la legitimidad de las instituciones chilenas y son parte importante de la crisis que vive hoy Chile", agrega.

La nueva normativa permite mayor transparencia y control en materia de defensa, restringe la autonomía y promueve políticas a más largo plazo. Aunque los aspectos técnicos de la ley del cobre o del presupuesto de las Fuerzas Armadas no han aparecido en medio de la discusión ciudadana actual, donde priman demandas por salud, educación y pensiones dignas, subraya Fuentes, "son parte de la misma demanda, por esta molestia contra los privilegios de la elite".

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