Las grandes economías luchan contra la quiebra de empresas

El alcance total de la destrucción causada por la pandemia de coronavirus en las economías de todo el mundo se evidenció de manera contundente cuando varios países publicaron sus cifras de crecimiento para el segundo trimestre de 2020, el período en el que los bloqueos nacionales hicieron que industrias enteras cerraran.

En Europa, España registró la mayor caída del rendimiento económico, un 18,5% en comparación con el trimestre anterior, mientras que Francia e Italia se contrajeron un 14% y un 12% respectivamente. Incluso la locomotora de Europa, Alemania, cayó un histórico 10,1%.

En otras partes del mundo, la situación económica entre abril y junio no fue mejor, ya que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos se desplomó un 9,5% desde el primer trimestre, y se prevé que el de Japón caerá en más del 11%, de acuerdo con una estimación preliminar.

China fue la excepción, subiendo un modesto 3,2% en el período bajo revisión y revirtiendo una disminución del 6,8% en el primer trimestre.

A medida que la caída mundial masiva está golpeando a las empresas y a los hogares, los gobiernos han adoptado políticas de lucha contra la crisis, que incluyen tanto el apoyo financiero como cambios legales destinados a evitar que tanto personas privadas como empresas vayan a la quiebra.

Hemos compilado una lista de medidas que los gobiernos de las cuatro economías más grandes del mundo, Estados Unidos, China, Japón y Alemania, han tomado para detener una inminente ola de insolvencias comerciales.

Alemania

En vista de las 29.000 bancarrotas corporativas estimadas para este año, si no se logra mitigar la caída económica provocada por la crisis del coronavirus, Alemania adoptó cambios drásticos en su ley de insolvencia, incluyendo la suspensión de la obligación de declararse en quiebra.

Previamente, una compañía que era incapaz de pagar sus deudas cuando estas vencieran (insolvencia de flujo en efectivo), o que llegase a una situación en la cual los pasivos totales superaran a los activos totales (insolvencia del balance), estaba obligada a declararse en quiebra en un lapso máximo de tres semanas.

Según las nuevas regulaciones, aprobadas a fines de marzo de este año, esta obligación se ha suspendido retroactivamente desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020. Pero hay dos excepciones a la regla, una de las cuales es que las razones de una insolvencia no sean el resultado de la pandemia. Y, la segunda, que la empresa no cuente con un plan al respecto, es decir, que no haya perspectivas de subsanar la incapacidad de pago de la compañía.

A eso se suma que las disposiciones legales que prohíben ciertos pagos en medio de procedimientos de quiebra se han relajado durante el período de suspensión, dando a los gerentes más margen para mantener las operaciones comerciales, o implementar una reestructuración, sin que eso genere responsabilidades personales.

Además, los nuevos préstamos bancarios otorgados durante el período de suspensión, así como la garantía asegurada de la que gozan, están mejor protegidos, ya que no pueden ser cuestionados en una insolvencia posterior. Esto tiene la intención de motivar a los bancos a prestar dinero.

La nueva ley también reduce el riesgo para las contrapartes contractuales de una empresa en dificultades, como proveedores, propietarios y arrendadores, a quienes se les debe pagar incluso si fracasan los esfuerzos de reestructuración.

Finalmente, todas esas disposiciones no son válidas si el motivo de la insolvencia ya existía antes del 1 de marzo de 2020.

Japón

A diferencia de otros países, Japón no cuenta con una ley específica para la insolvencia. Pero el gobierno japonés y, en cierta medida, la industria privada, han tomado otras precauciones a fin de aliviar las dificultades derivadas de la pandemia del coronavirus.

Las autoridades fiscales han concedido una moratoria de un año para el pago de impuestos nacionales y locales si la pandemia hizo que se redujera el ingreso de un contribuyente en alrededor de un 20 % o más, en comparación con el mismo período del año anterior. 

Asimismo, se solicitó a las empresas abastecedoras de agua, saneamiento y gas un período de gracia para los pagos de usuarios y compañías que hayan caído en desgracia.

Bajo su Programa de Subsidio para Negocios Sostenibles, el gobierno japonés ha puesto a disposición un máximo de 2 millones de yenes (unos 18.885 dólares) para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y 1 millón de yenes para los operadores privados cuyas ganancias caigan en más del 50 %.

Según la ley japonesa, si una compañía despide empleados debido al freno en sus negocios por una “razón atribuible al empleador”, se le exige compensar al empleado por el tiempo que estará ausente del trabajo. Un programa llamado “Subsidio de Ajuste de Empleo” otorga ahora subvenciones a empresas que otorgan dicha compensación.

Las reglas de la bolsa de valores también se han modificado, extendiendo un período de gracia de exclusión para compañías insolventes de un año a dos años.

Además, varias compañías de seguros han otorgado una extensión en el pago de las primas por un máximo de seis meses, mientras que algunos bancos han ofrecido a sus clientes negociar las condiciones de pago y anularon tarifas, en combinación con dicha modificación. 

China

En China no hubo cambios en las leyes de insolvencia, pero las autoridades emitieron una nueva guía para casos de quiebra. Ahora, los tribunales de quiebra impulsarán reestructuraciones y procedimientos de pago antes de liquidar una compañía. Se supone que estos guiarán activamente las negociaciones entre acreedores y deudores por medio de pagos a plazos, extensiones del período de cumplimiento de pagos y cambios en el precio de los contratos.

En caso de una reestructuración por bancarrota, si no se encuentran nuevos inversores, los tribunales pueden extender el lapso para una propuesta de reestructuración hasta seis meses. Si una empresa demuestra su compromiso con la prevención y el control de la pandemia, la corte incluso tiene el permiso de frenar los procesos de quiebra.

Estados Unidos

EE. UU. no ha implementado cambios directos en el capítulo 11 sobre leyes de quiebra. Sin embargo, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), creada en marzo de 2020, ofrece apoyo a las empresas que luchan en la crisis del coronavirus. Incluye un paquete de estímulo de aproximadamente 2 billones de dólares, el mayor estímulo económico de la historia de ese país.

Además, se puso a disposición un fondo de 500.000 millones de dólares controlado por la Reserva Federal (Fed) para un programa de préstamos de gobierno dirigido a empresas en dificultades.

La ayuda para las Pymes se ha ampliado a través del programa de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y del Programa de Protección de Pagos Salariales (PPP). El límite del valor de las compañías para que estas puedan beneficiarse de ese programa se extendió de cerca de 2,7 millones de dólares a 7,5 millones. 

Sin embargo, para que una empresa pueda aprovechar esos programas, no debe haber caído ya en la insolvencia. También debe contar con un plan sobre cómo integrará el estímulo económico a una estrategia de largo plazo que ayudará a transitar esta crisis.

Al borde del abismo financiero

En los próximos meses, muchos de los programas de emergencia expirarán, generándose así el riesgo de que en caso de que una segunda ola de coronavirus golpee a las economías del mundo, eso provoque un aumento de las quiebras empresariales.

Especialmente para las pequeñas empresas, que poseen reservas limitadas de efectivo y márgenes financieros ajustados, cualquier reducción de los programas de apoyo podría marcar la diferencia entre la supervivencia y el colapso.

Así es que los expertos prevén el surgimiento de los denominados “bordes de acantilado” financieros. Economistas alemanes señalan que el 30 de septiembre será una fecha en la que las ayudas se vuelvan escasas, y en que las normas que rigen las insolvencias expirarán. Pero el gobierno de Berlín dijo que podría extender la suspensión de quiebras por medio de instrumentos estatutarios hasta el 31 de marzo de 2021.

(cp/ers)

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