Colombia: manifiestos para bien morir

Esta semana, el ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Alejandro Gaviria, presentó ante los medios de su país el Documento de Voluntad Anticipada (DVA), una suerte de manifiesto donde toda persona mayor de edad –no sólo los pacientes con aflicciones graves– podrá dejar constancia de cómo desea ser tratada ante la inminencia de la muerte, por vejez o enfermedad, más allá de si aspira a ser sometida o no a la eutanasia. El decreto que reglamenta esa declaración individual es la resolución 2665 del 25 de junio de 2018.

Uno de los objetivos de esa proclama es evitar que, si un ciudadano llega a perder la autonomía para manifestar su propia voluntad, por una razón u otra, su destino final dependa del albedrío de otras personas. El DVA recoge decisiones de diversa índole, desde el afán de ser mantenido con vida a toda costa hasta el de prescindir de tratamientos invasivos. En lo concerniente a la eutanasia, un DVA no anula ninguno de los criterios que la regulan desde hace tres años.

Despenalizada en Colombia el 20 de abril de 2015, la eutanasia sólo se lleva a cabo tras un proceso en el que se deben cumplir todas las exigencias de una normativa estricta. Los únicos posibles beneficiarios de ese procedimiento gratuito son los pacientes mayores de edad con enfermedades terminales; la eutanasia no es una opción al alcance de aquellos con enfermedades degenerativas o en estado vegetativo incapaces de demostrar que aprobaban la llamada “muerte dulce” antes de quedar inconscientes.

Después de que un paciente comunica por primera vez su voluntad de ser sometido a la eutanasia, su médico debe explicarle todas las opciones disponibles para el tratamiento de sus dolencias. Si el paciente insiste, un comité científico –integrado por un abogado, un psiquiatra o psicólogo clínico y un galeno especializado– debe evaluar su caso y atestar la irreversibilidad de la enfermedad y del sufrimiento que lo abaten. De aprobarse el procedimiento, al enfermo se le participará de nuevo que puede cambiar de opinión en cualquier momento.

A juicio de Gerhard Kruip, profesor de Antropología Cristiana en la Universidad de Maguncia, estos obstáculos burocráticos son esenciales para impedir que la eutanasia sea banalizada. “Los seres humanos no siempre somos criaturas racionales y autosuficientes. Las personas dependemos las unas de las otras y a veces pasamos por etapas de inestabilidad psíquica o emocional. Aunque existen situaciones en las que es moralmente legítimo quitarnos la vida o pedir que nos la quiten, esa decisión sólo debe tomarse en casos extremos”.

Progresismo versus conservadurismo

El único requisito para validar legalmente un DVA es que quien lo suscriba esté en plena posesión de sus facultades mentales y tenga consciencia de sus implicaciones al redactarlo o producirlo. El documento puede ser presentado por escrito o en lenguajes alternativos, ante un notario o ante el médico tratante –para que lo archive en la historia clínica correspondiente–, pero también puede consistir en una grabación audiovisual o de audio donde figuren el testimonio del testador y los de dos testigos identificables. 

El Ministerio de Salud colombiano también ha dejado claro que los DVA son modificables y revocables. La pregunta de rigor es si a este proyecto del Ejecutivo de Santos se le dará continuidad durante el mandato de Iván Duque, el político derechista que lo sucederá en la presidencia del país a partir del próximo 7 de agosto. Sabine Kurtenbach, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), lo duda. Duque se opone categóricamente a todo lo relacionado, directa o tangencialmente, con la eutanasia.

Colombia ha sido pionera en lo que respecta a los debates públicos sobre temas tabú, como el aborto o la eutanasia, y las discusiones parlamentarias sobre reivindicaciones sociales desatendidas, como las de los pueblos indígenas o las de la comunidad LGBTI. La celeridad de sus mecanismos para procesar las demandas de reconocimiento de derechos civiles ha sido objeto de elogio internacional. No obstante, según Kurtenbach, Colombia sólo puede ser descrita como una de las naciones más progresistas de América Latina en teoría.

“En comparación con muchos países de la región, Colombia cuenta con una sociedad civil muy activa, sobre todo en las grandes ciudades. Eso hizo posible que sus propuestas fueran escuchadas en el marco de la redacción de la Constitución de 1991. Pero los líderes de esa sociedad civil continúan siendo blanco de agresiones sistemáticas por levantar sus voces y los esfuerzos por anular la Carta Magna no cesan. La gestión de Duque será la prueba de fuego de la Constitución de 1991; está por verse si la toca o no”, sostiene. “En Colombia siempre se halla la manera de reescribir o infringir la ley impunemente”, arguye Kurtenbach.

¿Exceso de idealismo?

“Aunque la colombiana es una de las constituciones más progresistas de la región, ésta sólo garantiza los derechos fundamentales y humanos en el papel. Al observar con qué dificultad se aplica lo escrito en la Carta Magna, salta a la vista lo estructuralmente conservadora que es la sociedad colombiana, cuán marcada está por la violencia y cuán dependiente es de las coyunturas políticas internas”, acota Kurtenbach. A eso se suma la incapacidad institucional del Estado para honrar ciertos compromisos adquiridos con sus ciudadanos.

Consultado por el diario bogotano El Tiempo sobre las probabilidades de que el Documento de Voluntad Aceptada (DVA) cumpla su cometido cabalmente o fracase por su exceso de idealismo, el especialista en bioética Miguel Antonio Sánchez, director del Observatorio de Cuidados Paliativos de la Universidad El Bosque, auguraba, a modo de ejemplo, que cada vez más pacientes pedirán tratamientos menos invasivos y los centros hospitalarios colombianos no tendrán cómo proporcionarles alternativas terapéuticas.

Sin embargo, en el mismo reportaje de El Tiempo, César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, se mostraba más optimista. A sus ojos, el aumento de las demandas especiales constituirá un desafío “positivo” para el sistema colombiano de cuidados paliativos e impulsará la progresiva reforma estructural del mismo. El tiempo dirá si Burgos tiene razón.

Evan Romero-Castillo (jov)
 

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