CIDH: Uruguay tiene "una deuda" con víctimas de la dictadura
30 de mayo de 2019
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló este miércoles (29.05.2019) que el Estado uruguayo tiene una "deuda" con las víctimas de la dictadura que gobernó el país de 1973 a 1985, luego de una visita de trabajo de tres días a Uruguay.
Existe una "deuda del Estado en materia de derechos humanos", a pesar de la adopción de algunas medidas como la creación de una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, señalaron la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, y la vicepresidenta del organismo, Antonia Urrejola, en rueda de prensa en Montevideo.
En particular, manifestaron su preocupación por "interpretaciones judiciales que niegan la imprescriptibilidad" de delitos de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de facto y sugirieron "ajustar" la legislación local para dar "reparación" a las víctimas.
"Los familiares de las víctimas se están muriendo", remarcó Urrejola en referencia a los parientes de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad en Uruguay, unas 196 en total.
Urrejola subrayó que "independientemente de los gobiernos de turno", hay un problema que le compete "a la sociedad uruguaya completa".
Contexto
Las afirmaciones ocurren en un momento de particular sensibilidad en el país, luego de una multitudinaria "Marcha del silencio" en demanda de justicia e información sobre el destino de los desaparecidos celebrada el pasado 20 de mayo.
El acto, que se celebra anualmente desde hace 24 años,fue masivo. Sucede luego de que un exmilitar preso por 28 homicidios durante la dictadura reconociera ante un tribunal de honor militar que arrojó el cuerpo de un militante de izquierda a un río.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez (Frente Amplio, izquierda), homologó el fallo del tribunal castrense con esta confesión sin derivarlo a la Justicia ordinaria, y terminó reconociendo que no había leído el expediente que firmó.
Más observaciones
Los temas fundamentales tratados fueron las víctimas de violación de sus derechos humanos durante la dictadura, la situación de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI.
Sobre dichos temas, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, señaló que la CIDH puso en su informe anual de 2018 que Uruguay continúa siendo "uno de los países más sólidos en materia de institucionalidad de derechos humanos en la región".
En concordancia con eso, destacó "los avances" emprendidos por el Estado en la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), la formación de la Comisión de Verdad y Justicia y la instalación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad". También, la creación de espacios de memoria y la sanción de leyes de protección y reconocimiento de los derechos a las personas adultas mayores y a las personas LGBTI.
Las dos comisionadas de la CIDH, un organismo autónomo que funciona en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, se ocuparon además de la situación de las personas privadas de libertad en Uruguay y recomendaron "mejorar las condiciones de detención" en las cárceles del país y los programas de reinserción e infraestructura para atender a jóvenes con antecedentes delictivos.
"No se puede decir que se prepara a los chicos para que vivan en libertad cuando viven en un régimen de encierro", fustigó Arosemena, quien abogó por la multiplicación de "medidas alternativas a la prisión".
Arosemena detalló que, durante la visita de trabajo, recorrió un centro de cumplimiento de las medidas socioeducativas de privación de libertad de los adolescentes y constató que su infraestructura "mantiene un carácter carcelario y no de socialización y de habilitación de los adolescentes".
Uruguay someterá a consulta popular este año un proyecto de reforma constitucional que propone aumentar severamente las penas para delitos graves y crear una guardia policial militarizada, entre otras medidas, en un contexto de fuerte incremento de la violencia, con un año récord de asesinatos en 2018.
Según las encuestas, la propuesta tiene el respaldo de la mayoría de la sociedad.
DG (efe, afp)
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