62 % de la UE ve la corrupción como gran problema en su país
15 de junio de 2021
Estas son algunas de las llamadas de atención del "Barómetro Global de la Corrupción (GCB) - Unión Europea", una encuesta a más de 40.000 personas de los 27 estados miembros de la que TI concluye que la situación general ha empeorado en este ámbito con el coronavirus.
"La encuesta revela que especialmente la atención sanitaria ha sido un punto caliente de corrupción cuando los Gobiernos trataban de gestionar la pandemia del coronavirus", asegura el informe.
La presidenta de TI, Delia Ferreira, subrayó en un comunicado que pese a que "la UE es a menudo percibida como un bastión de integridad", el continente sigue siendo "vulnerable a los efectos insidiosos de la corrupción".
En su opinión, recurrir a contactos personales para lograr una cita médica o saltarse el orden establecido para ser vacunado puede ser "tan perjudicial como pagar sobornos": "Se pueden perder vidas cuando las personas con contactos" se ponen por delante de "aquellos con necesidades urgentes", argumentó. "Es crucial que los Gobiernos de la UE redoblen sus esfuerzos para asegurar una recuperación justa y equitativa de esta pandemia", agregó Ferreira.
Diferencias regionales
Casi tres de cada diez encuestados aseguró haber experimentado directamente la corrupción (el equivalente a 106 millones de personas) y el 76 % cree que en los últimos doce meses la situación no ha mejorado o, directamente, ha ido a peor.
Aquí, sin embarg,o se perciben grandes diferencias regionales, pues mientras en Finlandia sólo el 16 % cree que la situación ha empeorado, en Chipre es el 65 %. A medio camino se encuentra España, donde el 34 % considera que la corrupción se ha agravado.
Sólo el 7 % de la población europea asegura haber pagado una coima (el 2 % en España, por el 20 % de Rumanía y el 1 % de Suecia), pero el 29 % se valió de contactos para acceder a servicios sanitarios. Esto último es más frecuente en República Checa (57 %), Portugal y Francia (48 %) y España (40 %), pero más inusual en Estonia (12 %), Eslovenia (18 %) y Suecia (19 %).
También se constatan grandes diferencias entre países en la percepción de estas prácticas ilegales como problema en el país. En Dinamarca sólo el 12 % entiende la corrupción como un gran problema, por el 16 % de Finlandia, frente al 92 % de Croacia y el 90 % de Bulgaria. En España ese porcentaje es del 86 %.
En general, el 49 % de los encuestados estima que su Gobierno no está haciendo un buen trabajo en su lucha contra la corrupción, frente al 43 % que sí que lo cree. Alrededor del 40 % creen que su país ha actuado en la pandemia de forma transparente, un porcentaje que en España, Francia y Polonia se eleva hasta el 60 %.
En Finlandia el 70 % valora positivamente la gestión de su Gobierno en este ámbito (frente al 23 % que le critica). En Chipre, el 80 % cree que su Ejecutivo lo ha hecho mal, por sólo un 17 % que considera que lo está haciendo bien.
Gobiernos y empresas
La evaluacón de la relación entre Gobiernos y empresas es conflictiva. El 52 % estima que el sector privado paga sobornos para lograr contratos públicos y el 53 % considera que los Gobiernos se mueven por intereses privados. Los eslovenos lo dicen en un 70 % de los casos, por el 20 % de los suecos. Un 64 % de los españoles cree que su Gobierno está controlado por los "grandes intereses".
Por instituciones, las percibidas como más corruptas son los parlamentarios (según el 28 %) y los directivos empresariales (25 %) y las vistas como más limpias son la judicatura (14 %) y la policía (11 %). De hecho, el 77 % de la población asegura confiar en las fuerzas de seguridad, frente al 61 % que lo hace en la Justicia y el 48 % que lo dice de los Gobiernos nacionales. Confían en la UE el 56 % de los interrogados.
El 7 % afirma además que ha sufrido extorsión sexual (uno de los mayores ejemplos de corrupción de género) o conoce a alguien que la ha padecido. En Bulgaria esta tasa se eleva al 17 %, por el 8 % de España y el 2 % de Finlandia. Por último, sólo el 21 % de los europeos piensa que los corruptos son perseguidos legalmente de la forma apropiada. Para Michiel van Hulten, director de TI Europa, estos resultados son una "llamada de atención" a los gobierno nacionales y a Bruselas. (efe)